Una buena noticia que conviene leer con cuidado
Esta semana, la educación argentina recibió una noticia que no abunda: los resultados mejoraron. El martes 30 de junio, el Ministerio de Capital Humano difundió los datos de las pruebas Aprender 2025, tomadas en noviembre a unos 750.000 estudiantes de sexto grado en más de 20.000 escuelas de todo el país. En Lengua, el 76,9% alcanzó niveles satisfactorio o avanzado —el mejor registro en diez años, con una mejora de 10,5 puntos respecto de 2023— y la franja de estudiantes por debajo del nivel básico se redujo del 11,9% al 4,9%. Traducido: más de 80.000 chicos y chicas leen y comprenden mejor de lo que lo hacía su cohorte anterior. En un país acostumbrado a los diagnósticos sombríos sobre la escuela, el dato merece ser celebrado sin reticencia.
Merece, además, una lectura que el comunicado oficial no ofrece. Estos estudiantes de sexto grado ingresaron a primaria en 2020, el año en que las aulas cerraron por la pandemia. Sus primeros pasos escolares transcurrieron entre cuadernillos, pantallas intermitentes y vínculos mediados por la distancia. Que esta sea la cohorte que hoy muestra el mejor desempeño en Lengua de la década desmiente los pronósticos más catastrofistas que se hicieron durante el confinamiento, y habla del trabajo sostenido de las escuelas y las familias para recuperar lo perdido. La mejora no cayó del cielo ni se explica por un único factor: es el resultado acumulado de años de trabajo docente, planes de alfabetización que anteceden a la gestión actual, y políticas que —como el Plan Nacional de Alfabetización lanzado en 2024 por el Consejo Federal de Educación— se construyeron de manera federal y no unilateral.
Por eso conviene mirar con atención cómo se comunicó el dato. La ministra Sandra Pettovello enmarcó los resultados como prueba de que «las políticas educativas basadas en evidencia» de su gestión «generan mejoras reales». Es una apropiación apresurada. Una prueba tomada en noviembre de 2025, sobre una cohorte formada mayormente antes de esta administración, con planes de alfabetización de origen federal, no es el trofeo de un gobierno: es el fruto de un sistema que muchos actores sostienen. Y hay una segunda cautela, más técnica: el Gobierno no publicó el informe completo de resultados. Difundió un comunicado. En Matemática —donde el desempeño está estancado hace más de una década, con apenas cinco de cada diez estudiantes en el nivel esperado— se limitó a decir que «también hubo mejoras», sin precisar cifras ni desglose por jurisdicción. Celebrar los números buenos mientras se retacea el dataset que permitiría analizarlos en profundidad es, como mínimo, una forma incompleta de rendir cuentas. La evaluación educativa es valiosa cuando es transparente; cuando se vuelve comunicación de gestión, pierde parte de su sentido.
Mendoza, o el mapa salarial que cada provincia dibuja sola
Mientras la primaria festejaba sus resultados, los docentes que la hacen posible seguían discutiendo cuánto van a cobrar. En Mendoza, el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) llevó a sus bases, en plenarios departamentales el martes 30 de junio y en el plenario provincial del miércoles 1 de julio, la oferta salarial del gobierno de Alfredo Cornejo para el segundo semestre: incrementos no acumulativos del 7% en agosto y del 4% en noviembre calculados sobre los básicos de junio, más un bono de $300.000 en concepto de indumentaria, pagadero en tres cuotas. La discusión mendocina es una muestra del cuadro nacional: sin una paritaria nacional docente que fije un piso común —tras el rechazo de CTERA a la propuesta oficial y con el Fondo Nacional de Incentivo Docente eliminado—, cada provincia negocia con sus propios recursos y su propia aritmética. El resultado es un país donde lo que cobra un maestro depende cada vez más de la provincia en la que enseña. La misma escuela que mejora sus aprendizajes se sostiene sobre trabajadores cuyo salario se define en veinticuatro mesas separadas, sin horizonte común.
El conflicto universitario, después del fallo
La semana pasada, la Corte Suprema dejó firme la cautelar que obliga al gobierno a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario. Esta semana llegó el coletazo. En el oficialismo, la decisión judicial abrió una crisis interna: se multiplicaron los cuestionamientos a la estrategia legal que apostó a que la Corte diera aire y terminó con un revés. El Ministerio de Economía recalcula costos —estima el impacto en torno a 1,3 billones de pesos— mientras los gremios universitarios advierten que el acta salarial firmada a principios de junio (una recomposición del 24,33%) se queda corta frente a lo que la ley ordena, y reclaman la diferencia. El fallo no cerró el conflicto: lo trasladó a su próxima estación. La causa de fondo —si el decreto que suspendió la ley es constitucional— sigue en primera instancia, y de esa definición depende el desenlace real.
Lectura de conjunto
Tres escenas que, juntas, dibujan la paradoja del momento educativo argentino. La primaria mejora y lo hace a pesar de todo: a pesar de la pandemia que marcó a esta cohorte, a pesar del desfinanciamiento, a pesar de la incertidumbre salarial de quienes enseñan. Los docentes que producen esa mejora negocian sus sueldos en veinticuatro mesas provinciales sin coordinación nacional. Y la universidad que forma a esos docentes espera todavía que el gobierno cumpla una ley que la Justicia ya ratificó. El hilo que conecta las tres escenas es el mismo: un sistema que da resultados no por las condiciones en que trabaja, sino a pesar de ellas. La pregunta para la semana que viene, y para el segundo semestre que se abre, es cuánto puede durar esa mejora si quienes la producen siguen sosteniéndola a pulmón. Los buenos resultados de hoy son una deuda que el sistema le paga por adelantado a un futuro que todavía no tiene garantizado.