Tres por ciento
La paritaria universitaria que el Gobierno había convocado bajo la presión del paro se reunió el martes 1° de septiembre y se resolvió rápido. Frente a un retraso salarial que los gremios calculan en 31,2%, el Poder Ejecutivo ofreció 3% para septiembre. Sumado al 3% ya comprometido en junio para octubre, el paquete alcanza un 6% bimestral. El número es difícil de defender: la propuesta no cubre siquiera la inflación de los meses que pretende compensar, y no contempla ninguna recomposición de lo perdido. Clara Chevalier, secretaria general de CONADU, la describió como una provocación antes que como una oferta.
Una mesa abierta para el expediente
Conviene atender a la cronología, porque explica más que las declaraciones. El juez federal Martín Cormick había otorgado al Ejecutivo un plazo de tres días para presentar un informe sobre el grado de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La convocatoria paritaria llegó dentro de esa ventana. Desde CONADU Histórica lo leyeron sin rodeos: la instancia se abrió para ganar tiempo en el expediente judicial, no para resolver el conflicto. Es una interpretación gremial, y como tal debe registrarse; pero el contenido de la oferta la vuelve difícil de refutar. Una negociación que se convoca tras diez meses de incumplimiento y se agota en un 3% funciona mejor como constancia procesal que como acuerdo.
En la reunión, encabezada por el subsecretario de Políticas Universitarias Alejandro Álvarez, participaron FAGDUT, UDA, CONADU, CONADU Histórica y FEDUN, junto al presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Franco Bartolacci. Los gremios plantearon además los compromisos incumplidos del acta del 10 de junio: la mesa para el sistema preuniversitario, la implementación del Convenio Colectivo en materia de nomenclador y adicionales por posgrado, los fondos para gastos de funcionamiento, hospitales universitarios y becas. No hubo respuesta sobre ninguno. Emiliano Cagnacci, de ADUBA, resumió la dinámica como un diálogo entre partes convertido en monólogo.
El resultado fue un paro total de 24 horas el miércoles 2, que FEDUN calificó de alto acatamiento. El Ministerio de Capital Humano, por su parte, pidió que las medidas no alteraran el dictado de clases. La negociación quedó reanudada para el 17 de septiembre, y los sindicatos de base sesionaron el jueves y el viernes para definir la continuidad del plan de lucha. Toma forma una nueva Marcha Federal Universitaria hacia fines de septiembre o comienzos de octubre: sería la quinta desde 2023.
Planificar 2027 sin haber cobrado 2025
Mientras la paritaria fracasaba, el sistema universitario sesionaba en Bariloche. El II Congreso de Innovación Universitaria —»Legados, tensiones y transformaciones de la universidad argentina», organizado por la Universidad Nacional de Río Negro— se desarrolló el miércoles 2 y el jueves 3, y el viernes 4 se realizó el 96° Plenario de Rectoras y Rectores del CIN, con presencia del gobernador Alberto Weretilneck y del intendente Walter Cortés en la apertura.
El plenario aprobó el proyecto de presupuesto universitario 2027 y volvió a reclamar por una ley que lleva casi un año sin cumplirse. Hay algo notable en esa simultaneidad, y no es solo administrativo: las universidades elaboran con rigor técnico la previsión de un ejercicio que todavía no llegó, mientras las partidas del que está en curso siguen sin transferirse. La institucionalidad del sistema funciona; lo que no funciona es la contraparte que debe financiarla.
La docencia ratificó una conducción
El miércoles 2, con voto directo de afiliadas y afiliados y tres listas en competencia —la Celeste Violeta, la Multicolor y la Azul y Blanca—, la CTERA renovó autoridades. Con el 76% de los votos, la Lista Celeste Violeta se impuso de manera amplia, de modo que Sonia Alesso y Roberto Baradel continuarán como secretaria general y secretario general adjunto durante los próximos cuatro años. La oposición se repartió entre la Multicolor, encabezada por César Alegre y Laura Ortiz López, y la Azul y Blanca, con Myriam Marinozzi y María Luciana Cortés.
La lectura del resultado no debería agotarse en la aritmética interna. En un año atravesado por la eliminación del FONID, la ausencia de convocatoria a paritaria nacional docente y la discusión sobre declarar la educación servicio esencial, el electorado docente eligió continuidad antes que recambio. Es un mandato, y también una responsabilidad: la conducción reelecta llega con un respaldo amplio y con una agenda que hasta ahora no obtuvo respuesta del Estado nacional.
El mismo derecho, distintos valores
El jueves 3 se conoció un informe de la Fundación Libertad que ordena datos de 2025 y presupuestos de 2026 y concentra el diagnóstico en la escuela secundaria: repitencia del 6%, sobreedad del 19,6%, abandono interanual del 6,9%, que trepa al 12,5% en el último año del nivel. En primaria, los mismos indicadores son 1,9%, 5,1% y 0,6%. El relevamiento señala además que el 59% de los chicos que llega a la edad de terminar la primaria no alcanza un nivel mínimo de comprensión lectora.
La tentación es leer estos números como una sentencia sobre la escuela. Vale resistirla, porque el propio informe entrega el dato que los contextualiza: el gasto educativo previsto por alumno en 2026 promedia cuatro millones de pesos, pero oscila entre 13,7 millones en Neuquén y 2,46 millones en Tucumán. Una diferencia de más de cinco veces entre jurisdicciones no describe escuelas que enseñan peor; describe un sistema federal donde el derecho a la educación tiene condiciones distintas según el lugar de nacimiento. Cuando el Estado nacional deroga los pisos de inversión y no compensa esas asimetrías, los indicadores de trayectoria se vuelven, en buena medida, indicadores de financiamiento.
La escuela que se construye desde abajo
El sábado, en el Polideportivo de Paso del Rey, en Moreno, se realizó el 10° Encuentro Provincial y 11° Encuentro Nacional de Educación de Gestión Social, Cooperativa y Comunitaria, convocado en conjunto por FECEABA y FeCEEGeSoRA. La novedad organizativa —la confluencia de la instancia bonaerense y la federal en una misma jornada— acompañó a una novedad de política pública de mayor alcance: la reciente sanción, en la provincia de Buenos Aires, de la ley que crea el Registro Provincial de Establecimientos de Gestión Social, Cooperativa y Comunitaria, un reconocimiento estatal largamente reclamado por el sector.
La educación de gestión social es un tercer modo de organización escolar, ni estatal ni estrictamente privado, sostenido por cooperativas y comunidades: solo FECEABA agrupa más de setenta servicios educativos, con unos 13.600 estudiantes y 1.500 docentes, muchos de los cuales funcionaban hasta ahora encuadrados a la fuerza dentro de la gestión privada por falta de una figura legal propia. El encuentro trabajó sobre cuatro ejes —territorios digitales y subjetividades, la escuela realmente inclusiva, la convivencia en las comunidades escolares y las prácticas democráticas—, y su sentido de fondo dialoga de manera directa con la discusión del año. Mientras el Estado nacional se corre del financiamiento y ensaya la subsidiariedad como principio, hay un sector que hace décadas construye escuela desde abajo, con lógica comunitaria y arraigo territorial, y que esta vez obtuvo del Estado provincial no un repliegue sino un reconocimiento. Es el reverso exacto del modelo que domina la agenda nacional: no el Estado que se retira, sino comunidades que sostienen la educación y logran que el Estado las nombre.
Lectura de conjunto
La semana ofrece una imagen precisa de cómo se administra hoy la educación pública desde el Estado nacional: se convoca una paritaria cuando un juez pide informes, se ofrece un 3% frente a una deuda mucho mayor, y se reanuda la negociación para dentro de dos semanas. Es una secuencia que responde a una lógica. Del otro lado, el sistema hace lo que sabe hacer: los rectores aprueban un presupuesto 2027 que nadie garantiza, la docencia vota por amplia mayoría a quienes vienen sosteniendo el reclamo, y las escuelas de gestión social celebran, desde el territorio, un reconocimiento que se ganaron construyendo. Los datos sobre la secundaria llegan en ese contexto y no deberían leerse fuera de él: el nivel donde el sistema pierde estudiantes es también el que menos recursos recibe en las jurisdicciones más pobres. El 17 de septiembre vuelve a reunirse la paritaria y se define la fecha de una quinta Marcha Federal. La pregunta ya no es si el Gobierno va a cumplir la ley, sino cuánto puede sostener el sistema mientras no lo hace.
