La Corte puso las cosas en su lugar
Después de dos años y medio de conflicto, cuatro marchas federales, meses de paros y una causa que recorrió todas las instancias, el jueves 25 de junio la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la cautelar que obliga al gobierno a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario. El máximo tribunal —con las firmas de Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti— rechazó por unanimidad el recurso extraordinario y la queja que había presentado el Estado nacional para frenar la aplicación de la norma. La decisión mantiene la orden de actualizar los salarios docentes y no docentes y de recomponer las becas estudiantiles.
El argumento técnico del fallo es preciso: el recurso del Estado no procede porque una resolución cautelar no constituye una «sentencia definitiva», requisito que exige el artículo 14 de la ley 48 para que la Corte intervenga por vía extraordinaria. Pero más allá de la técnica, el contenido político es contundente: la Justicia le dijo al gobierno que debe cumplir una ley que el Congreso votó, que la propia Corte ahora respalda, y que el Ejecutivo se negó a aplicar durante meses. El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, lo expresó en redes: «Hoy la Corte Suprema reafirmó que el Poder Ejecutivo debe cumplir la Ley de Financiamiento Universitario.» La Federación Universitaria Argentina (FUA) lo resumió en dos palabras: «Luchar sirve.» Y Clara Chevalier, secretaria general de la CONADU, marcó la cautela necesaria: «No vamos a bajar los brazos hasta que el gobierno cumpla la ley.»
Conviene leer el fallo en su justa dimensión, sin sobreinterpretar. Es un triunfo del reclamo universitario y un reconocimiento institucional de que el gobierno tenía la obligación de cumplir. Confirma, además, lo que desde este Monitor venimos sosteniendo desde el primer informe: nunca fue una pulseada entre dos partes iguales, sino una ley aprobada por el Congreso, ratificada por la Justicia y promulgada por el propio Ejecutivo, que el gobierno decidió no cumplir. Pero el conflicto no termina acá. Subsiste una diferencia central entre lo que reconoce el acta de acuerdo salarial firmada a principios de mes —una recomposición del 24,33% calculada desde 2025— y lo que establece la ley, que reconoce la recuperación salarial desde el 1° de diciembre de 2023. Por eso los gremios anticipan que reclamarán más fondos que los acordados, y por eso la causa de fondo —la que debe definir si el decreto que suspendió la ley es constitucional— sigue tramitando en primera instancia. La Corte resolvió un capítulo decisivo. No cerró el libro.
Noruega apaga la IA en la primaria y vuelve al papel
Mientras en Argentina las corporaciones tecnológicas avanzan sobre las aulas, en el norte de Europa ocurre el movimiento contrario. El gobierno de Noruega —uno de los sistemas educativos más digitalizados del continente— anunció que, a partir del próximo ciclo lectivo, los estudiantes de entre 6 y 13 años no podrán usar herramientas de inteligencia artificial generativa en la escuela. El primer ministro Jonas Gahr Støre lo fundamentó con una frase que vale la pena retener: «Lo más importante en la escuela es que nuestros hijos aprendan a leer, escribir y hacer matemáticas.»
La medida es significativa porque viene de donde viene. Noruega incorporó computadoras a las aulas desde los años 90 y fue pionera en el uso masivo de tablets tras la llegada del iPad. Ahora da marcha atrás: prohíbe la IA en la primaria, propone una ley para garantizar libros de papel en las escuelas y recupera la escritura manual. La razón es la caída sostenida en los indicadores de lectura, escritura y matemática. El concepto que ordena la decisión es el de «delegación cognitiva»: el riesgo de que los chicos transfieran a las máquinas tareas mentales que todavía no aprendieron a hacer por sí mismos, y se salteen así etapas decisivas de su desarrollo. El esquema noruego es escalonado: prohibición total de 6 a 13 años, uso limitado y supervisado de 14 a 16, y formación específica de 17 a 19 para preparar a los estudiantes para la universidad y el trabajo.
La noticia resuena con dos temas que este Monitor trabajó en las últimas semanas. Hace un mes reseñábamos el mayor estudio sobre prohibición de celulares en escuelas de Estados Unidos, que mostraba que quitar el teléfono no mejora por sí solo los aprendizajes. Y hace tres semanas, el desembarco de Google y la Fundación Sadosky en las aulas argentinas con un programa de IA. Noruega aporta el contrapunto: no se trata de tecnofobia ni de nostalgia del papel, sino de una decisión pedagógica sobre el orden de los factores. Primero las capacidades fundamentales, después las herramientas que las potencian. La pregunta que deja para Argentina —donde el debate sobre IA en las aulas avanza de la mano de las empresas que la venden— es quién está definiendo ese orden, y con qué criterio.
Paritarias docentes: un mapa que cada provincia resuelve sola
El cierre de junio encuentra a las paritarias docentes provinciales en estados muy dispares. Un relevamiento de esta semana muestra un mapa fragmentado: algunos distritos ya liquidan los aumentos acordados, otros atan los salarios a la evolución del índice de precios, y en varias jurisdicciones la negociación sigue abierta sin definición. No hay una paritaria nacional docente que ordene el conjunto: tras el rechazo de CTERA a la propuesta del gobierno nacional de fijar un piso salarial de $650.000, la discusión quedó delegada de hecho a cada provincia, que resuelve con sus propios recursos y según sus propias finanzas.
El telón de fondo de esa fragmentación es la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que durante años complementó los salarios docentes con aportes nacionales. Sin ese fondo, cada provincia carga sola con el peso de sostener los haberes, y las desigualdades entre distritos se profundizan: un docente puede cobrar salarios muy distintos según la provincia en la que enseñe. En Buenos Aires, la negociación reactivada en junio tomó la inflación acumulada del año como piso de discusión. La paritaria dejó de ser un instrumento de coordinación nacional para volverse un rompecabezas de respuestas locales, donde lo que cada docente cobra depende cada vez más de la geografía y cada vez menos de una política federal.
Lectura de conjunto
La semana ordenó tres escenas que hablan de lo mismo desde ángulos distintos: quién decide, y con qué criterio, sobre la educación pública. La Corte Suprema decidió que el gobierno no puede elegir qué leyes cumplir, y le puso un límite institucional al desfinanciamiento universitario —aunque la pelea de fondo siga abierta. Noruega decidió que la tecnología no entra a la primaria antes que la lectura y la escritura, y subordinó la herramienta al aprendizaje. Y las provincias argentinas, sin una paritaria nacional que las coordine, deciden cada una por su cuenta cuánto puede cobrar un docente, con el resultado de un sistema cada vez más desigual. Tres decisiones, tres criterios. La pregunta que queda para la segunda mitad del año es si el sistema educativo argentino va a poder recuperar algo de la coordinación, la previsibilidad y el horizonte común que el ajuste le fue quitando —o si seguirá resolviéndose, como hasta ahora, a fuerza de fallos judiciales, reclamos sectoriales y respuestas fragmentadas.
