El salario de agosto, la prueba del fallo
La semana transcurrió en pleno tránsito hacia el receso invernal, con varias provincias ya sin clases y el feriado del 9 de julio de por medio. Pero el conflicto universitario, lejos de aquietarse, entró en su fase más decisiva desde el fallo de la Corte. Tras un plenario de secretarías generales, la CONADU fijó un plazo concreto: el salario de julio —que se cobra en agosto— tiene que incluir la totalidad de las actualizaciones que ordena la Ley de Financiamiento Universitario, o habrá medidas de fuerza en el arranque del segundo cuatrimestre. La secretaria general, Clara Chevalier, lo dijo sin rodeos: «Al gobierno se le acabaron las excusas. Con el salario de julio tienen que pagar lo que nos deben; si no lo hacen, habrá medidas de fuerza. El conflicto universitario no está cerrado, hemos probado que luchar sirve y lo seguiremos haciendo.»
El punto de apoyo del reclamo es el fallo de la Corte Suprema del 25 de junio, que dejó firme la cautelar y la volvió, según los gremios, de inmediata ejecución en lo referido a los artículos 4 y 5 de la ley —los que ordenan la recomposición de salarios y becas. La delegación rosarina de COAD elevó el tono y reclamó directamente un paro total de actividades en todas las universidades públicas del país. El Gobierno abonó hasta ahora un 21,33% de la deuda salarial; los gremios sostienen que la pérdida acumulada de poder adquisitivo llega al 52% en tres años, y que el acta salarial de junio no salda la diferencia con lo que la ley reconoce desde diciembre de 2023.
Conviene, una vez más, nombrar la asimetría. No se trata de una pulseada entre dos partes equivalentes que negocian de igual a igual. Se trata de una ley sancionada por el Congreso, ratificada frente a un veto, respaldada por la Justicia en todas las instancias y promulgada por el propio Ejecutivo, que el Gobierno se niega a cumplir en su totalidad. El salario de agosto será la prueba concreta de si el fallo de la Corte se traduce en hechos o si el incumplimiento encuentra una nueva vía para prolongarse.
Buenos Aires cierra la paritaria y nombra lo que la escuela venía callando
En la provincia de Buenos Aires, en cambio, hubo cierre. El gobierno de Axel Kicillof y los gremios docentes acordaron el martes 8 de julio un aumento del 7% escalonado —5% en julio y 2% en agosto, calculados sobre los haberes de junio—, después de un camino áspero: el 1° de julio los docentes bonaerenses protagonizaron el primer paro de alcance estrictamente provincial en seis años de gestión de Kicillof, con un acatamiento que los gremios estimaron en el 95%, y el 3 de julio rechazaron de plano una oferta del 2,5% que ni siquiera llevaron a consulta de las bases. SUTEBA avaló el acuerdo por amplia mayoría; la FEB, por un margen ajustado, señal de que persisten reclamos que exceden lo salarial. La provincia firmó, además, denunciando la «asfixia financiera extrema» que le provocan las políticas del gobierno nacional.
Pero el dato más significativo del acuerdo no es el porcentaje. Es la adenda que lo acompaña. El entendimiento incorpora un Acuerdo Paritario de Prevención, Erradicación, Resguardo y Reparación por hechos de violencia y acoso hacia el personal docente, y una campaña provincial llamada «Cuidemos a quienes enseñan». El trasfondo es un problema que venía creciendo en silencio: la presidenta de la FEB, Liliana Olivera, advirtió que en las dos semanas previas al acuerdo se registraron entre seis y siete casos graves de violencia contra docentes en distintos distritos, agredidos tanto por padres como por alumnos.
Vale detenerse acá, porque la lectura fácil sería la del reclamo de mano dura. No es la nuestra. Que una paritaria termine incorporando una cláusula sobre violencia hacia los docentes dice algo sobre el estado del vínculo entre la escuela y las familias, y sobre el desgaste de las instituciones que deberían contener ese vínculo. La violencia hacia el docente no se resuelve solo con sanciones: es un síntoma de que la escuela quedó sola sosteniendo tensiones sociales que la exceden. Lo que el acuerdo bonaerense reconoce, al nombrar el problema, es que la escuela pide cuidado —cuidado de quienes enseñan, pero también de un tejido institucional que se deshilacha cuando el Estado se corre. Nombrarlo es el primer paso; el desafío es que la respuesta sea el fortalecimiento de esos vínculos y no únicamente el castigo.
El CONICET, la otra cara del mismo ajuste
Mientras las universidades esperan la liquidación de agosto, la ciencia atraviesa su propia urgencia. Cientos de becarios posdoctorales del CONICET tienen sus becas venciendo hacia fin de julio y esperan la resolución de concursos de ingreso a la Carrera del Investigador que el Gobierno no termina de destrabar. A eso se suman las bajas en la obra social y el congelamiento de los ingresos. La situación no es independiente del conflicto universitario: es la otra cara del mismo ajuste. Los becarios que quedan sin continuidad son, en muchos casos, docentes universitarios; los grupos de investigación que se vacían funcionan dentro de las mismas universidades que reclaman por su presupuesto. Cuando se apaga una beca, no se apaga un trámite: se interrumpe una trayectoria de formación que el país financió durante años y que difícilmente se recupere.
Lo que viene: una reforma esperando su momento
Sobre el cierre de la semana volvió a instalarse, en el terreno de los anuncios, el proyecto de Ley de Libertad Educativa que el oficialismo viene trabajando desde fines de 2025. No es una novedad de estos días —el texto se presentó con las conclusiones del Consejo de Mayo y desde entonces circula entre especialistas—, pero su eventual ingreso al Congreso reabriría una discusión de fondo. La iniciativa propone derogar la Ley de Educación Nacional 26.206, vigente desde 2006, para reorganizar el sistema alrededor de la autonomía institucional, el rol preferente de las familias y la subsidiariedad del Estado. Entre sus puntos más controvertidos: amplía las facultades de los directores para seleccionar y proponer personal, formaliza la educación en el hogar, declara la educación «servicio esencial» —lo que restringiría el derecho de huelga— y consolida la eliminación del piso del 6% del PBI.
El hilo con el resto de la semana no es casual. La cláusula de esencialidad restringiría, justamente, el derecho de huelga que los docentes bonaerenses acaban de ejercer, y por eso SUTEBA resolvió en su plenario promover acciones contra el proyecto. La discusión que se viene no es sobre cuánta autonomía tendrán las escuelas, sino sobre qué queda garantizado —y para quién— cuando el Estado se corre del centro.
Lectura de conjunto
La semana, aun atravesada por el receso, dejó las líneas de fuerza del segundo semestre dibujadas con claridad. El conflicto universitario llega a agosto convertido en una prueba concreta: la Corte ya falló, y lo que resta por verse es si el Gobierno cumple o si el incumplimiento se prolonga. La paritaria bonaerense cerró en lo salarial, pero abrió una conversación más incómoda y más necesaria, sobre la violencia que atraviesa a las escuelas y el cuidado de quienes las sostienen. El CONICET recuerda que el ajuste sobre el conocimiento se mide en trayectorias interrumpidas, no en planillas. Y por encima de todo, esperando su momento, un proyecto de reforma que propone redefinir el papel del Estado en la educación argentina. El receso es una pausa en el calendario, no en el conflicto. Lo que se reanude en agosto va a definir buena parte del año.
