Trescientos días
Hay cifras que dejan de ser estadística y se vuelven un hecho institucional. El martes 18, cuando comenzó una nueva semana de paro en las universidades nacionales, se cumplieron trescientos días desde que el Poder Ejecutivo dejó de aplicar la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. No trescientos días de negociación difícil ni de desacuerdo técnico: trescientos días de una norma sancionada por el Congreso, vetada, ratificada y luego condicionada por decreto, que sigue sin ejecutarse. La semana educativa argentina giró alrededor de esa cuenta y de lo que ella revela sobre el modo en que se está gobernando el sistema.
Un incumplimiento no es una disputa entre partes
El paro de los gremios docentes universitarios se extendió del martes 18 al sábado 22, impulsado por la Confederación Nacional de Docentes Universitarios Histórica (CONADU Histórica), con la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA) sosteniendo la medida por tiempo indeterminado. El reclamo es preciso: una recomposición salarial adeudada de entre 28,5% y 31,2%, más el retroactivo desde la entrada en vigencia de la ley. El miércoles 19 la Federación Universitaria Argentina (FUA) convocó frente al Palacio Pizzurno, y se anunciaron las «Carpas por la Universidad y la Soberanía» en distintos puntos del país.
El viernes 21, el juez Martín Cormick, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, recibió al Gobierno, al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y a la Universidad de Buenos Aires en una audiencia pedida por esta última. El dato jurídico no admite ambigüedad: la medida cautelar que obliga a actualizar salarios y becas quedó firme el 25 de junio, cuando la Corte Suprema desestimó el último recurso del Estado. El CIN había objetado la audiencia misma —si la cautelar está firme, debe ejecutarse, no conversarse— aunque finalmente participó. Sus abogados ya habían advertido que podrían pedir multas al Estado y acciones penales por desobediencia. La reunión terminó pasadas las 13 sin definiciones públicas, y la CONADU ya convocó a un paro de 48 horas para el 27 y 28 de agosto.
Mientras tanto, y en un contraste que conviene registrar, los responsables económicos de las universidades nacionales se reunieron el mismo viernes en Mar del Plata para elaborar el anteproyecto de Presupuesto Universitario 2027. Planifican el año que viene sin que se haya cumplido la ley de este.
La ciencia se ajusta sin anuncio
El sistema científico atraviesa la misma lógica con menos visibilidad. Los trabajadores del CONICET vienen denunciando el corte de becas posdoctorales a cerca de cuatrocientos investigadores y la reducción a la mitad del ingreso a la carrera. Esta semana, distintas coberturas volvieron sobre lo que ese número significa en términos concretos: camadas completas que no ingresan, equipos que se desarman, líneas de investigación con años de acumulación que se interrumpen. Vale señalar que el personal del organismo quedó además fuera de la recomposición del 24,33% que sí alcanzó al sistema universitario tras el acuerdo de junio. El ajuste sobre la ciencia no necesita ley ni decreto: se ejecuta por omisión presupuestaria.
La Ciudad enseña inteligencia artificial y posterga la pregunta por quién enseña
El martes 18 el Ministerio de Educación porteño anunció la incorporación de la inteligencia artificial como contenido obligatorio en las escuelas primarias y secundarias, mediante un anexo curricular enmarcado en el Plan Buenos Aires Aprende. El esquema es progresivo: en primero, segundo y tercer grado los chicos conocen qué es la IA sin interactuar con las herramientas; en cuarto y quinto la exploración es grupal y guiada; recién en sexto y séptimo hay uso individual supervisado. En la secundaria el foco pasa a aprender con IA y a validar críticamente sus respuestas. Se trabajan alucinaciones, sesgos algorítmicos, deepfakes y privacidad.
La ministra Mercedes Miguel fundamentó la decisión el jueves 20 con dos datos de una encuesta del propio sistema: el 98% de los docentes declara usar IA y más del 60% de los estudiantes también. Introdujo además una noción atendible, la de «deuda cognitiva»: el riesgo no es que la herramienta exista, sino que reemplace el momento en que un estudiante tiene que crear, razonar y producir. Es un diagnóstico serio, y por eso mismo obliga a mirar la otra mitad del cuadro. Señalamientos gremiales y periodísticos de esta misma semana recordaron que las escuelas porteñas arrastran dificultades para cubrir cargos en materias específicas y suplencias por licencia médica. Una política curricular de vanguardia se apoya, siempre, sobre docentes disponibles y formados. Ese componente no apareció en el anuncio.
Conducir una escuela también es una decisión de política pública
En paralelo, el XVII Foro Latinoamericano de Educación, organizado por Fundación Santillana y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) con apoyo del IIPE UNESCO, dejó una discusión que dialoga de manera casi directa con lo anterior. El documento básico de Bernardo Blejmar y las intervenciones de Silvina Gvirtz, José Weinstein, Luis Scasso y Alejandra Cardini coincidieron en un punto: profesionalizar la dirección escolar no consiste en sumar responsabilidades sobre una estructura que permanece igual. Los ministros Ramiro Aranda (Misiones) y Horacio Ferreyra (Córdoba) aportaron la mirada jurisdiccional. Quedó formulada una advertencia que excede al cargo directivo: otorgar autonomía sin recursos, información ni respaldo no es descentralizar, es transferir responsabilidad.
Los datos que ya teníamos vuelven a interpelarnos
Como contexto analítico —el informe se conoció la semana anterior, el 13 de agosto—, el Índice de Resultados Escolares de Argentinos por la Educación mostró que 94 de cada 100 alumnos llegan a sexto grado sin repetir ni abandonar, pero solo 50 de cada 100 lo hacen además con aprendizajes satisfactorios en Lengua y Matemática. La trayectoria mejoró; el aprendizaje no la acompañó.
En la agenda pedagógica, se anunció EDIMAT 2026, la Escuela de Didáctica de la Matemática, que se realizará del 1 al 3 de octubre en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, con foco en la historia de la matemática y su enseñanza. Y el CIIDEPT de Tucumán albergó la semifinal de la Copa Robótica Educabot, cuya final nacional será el 25 de septiembre en Neuquén.
Lectura de conjunto
La semana ordena sus piezas con una nitidez incómoda. Por un lado, un Estado nacional que no aplica una ley vigente ni ejecuta una cautelar firme, y que ajusta la ciencia por la vía silenciosa de las becas que no se renuevan. Por el otro, jurisdicciones que anuncian políticas curriculares ambiciosas y foros regionales que discuten con seriedad las condiciones del trabajo de conducir escuelas. Entre ambos registros hay una misma pregunta, formulada de distintas maneras: ¿con qué se sostiene lo que se anuncia? La inteligencia artificial en primaria requiere docentes; la autonomía directiva requiere respaldo; la investigación requiere continuidad. Cuando el marco legal que garantizaba los pisos de inversión se deroga y el que sobrevive no se cumple, la pregunta deja de ser pedagógica y se vuelve institucional. La semana que viene traerá dos días más de paro universitario y, quizás, una definición judicial. Vale preguntarse qué queda del valor de una ley cuando su cumplimiento depende de que alguien lo litigue durante trescientos días.
