Lo que las bases temían
La semana pasada, cuando se firmó el acta de acuerdo salarial entre el gobierno, los rectores y varios gremios, la CONADU Histórica advirtió que el entendimiento podía terminar usándose en contra del reclamo de fondo. Esta semana, esa advertencia se confirmó. El martes 16 de junio, los abogados que representan al Estado en la causa por la Ley de Financiamiento Universitario presentaron el acta ante la Corte Suprema como un «hecho nuevo», con un argumento preciso: si el gobierno ya acordó una recomposición salarial, entonces la emergencia que motivó las cautelares dejó de existir, y por lo tanto esas cautelares «ya no tienen razón de ser».
El movimiento es delicado. La causa por la Ley de Financiamiento Universitario está en la Corte porque el Ejecutivo se niega a aplicarla. El acuerdo salarial de la semana pasada —que CONADU Histórica rechazó por 64 votos contra 36— no equivale a cumplir la ley: cubre una parte de la recomposición salarial pero deja afuera el retroactivo, el presupuesto pleno de funcionamiento y la actualización que la norma establece. Sin embargo, presentado ante la Corte, le permite al gobierno construir el argumento de que «ya no hay emergencia». Como sintetizó un dirigente de la CONADU Histórica en Catamarca, el acuerdo firmado por el CIN y algunos gremios «favoreció» la estrategia judicial del gobierno. Lo que las bases desconfiaban se volvió, en una semana, estrategia procesal.
Por eso la CONADU Histórica sostuvo el paro nacional del 16 al 20 de junio, con movilizaciones y acciones en todo el país, mientras continúa la juntada de firmas impulsada por familias, estudiantes y docentes de los colegios preuniversitarios de Buenos Aires, Salta, Rosario, Córdoba y La Plata, que reclaman a la Corte que se expida con urgencia a favor de la ley. Los números siguen siendo elocuentes: entre diciembre de 2023 y mayo de 2026, la inflación acumuló un 312,1%, mientras que los salarios básicos del sector aumentaron un 155%. Conviene no perder de vista la asimetría: no hay dos partes negociando en igualdad de condiciones, hay una ley aprobada por el Congreso, ratificada por la Justicia y promulgada por el propio Ejecutivo, que el gobierno se niega a cumplir y que ahora intenta declarar innecesaria por la vía de un acuerdo parcial.
El ranking que mide la resiliencia, no la política
El martes 17 de junio se publicó el QS World University Rankings 2027, uno de los más influyentes del mundo. La Universidad de Buenos Aires se mantuvo en el puesto 84 —la misma posición que el año anterior— y sigue siendo la única universidad latinoamericana entre las 100 mejores del planeta. Desde QS destacaron la «resiliencia» de la UBA por sostener su liderazgo regional pese a los recortes en el financiamiento.
Conviene detenerse en esa palabra: resiliencia. La UBA no mantiene su lugar gracias a una política de inversión, sino a pesar de su ausencia. Y el resto del cuadro lo confirma: de las 16 universidades argentinas rankeadas, 9 cayeron en la clasificación, y tres —las universidades nacionales de San Luis, San Martín y del Sur— directamente salieron de la lista. La región entera retrocedió, pero Argentina muestra una de las caídas más pronunciadas. Desde la UBA atribuyeron los retrocesos al desfinanciamiento del sistema. El dato más revelador está en el detalle: los indicadores que más ceden son los de investigación —citas por profesor y participación en redes científicas internacionales—, que son precisamente los más sensibles al recorte presupuestario. Un sistema universitario puede sostener un tiempo su prestigio acumulado a fuerza del trabajo de su gente. Pero la investigación, que depende de fondos concretos, es lo primero que empieza a apagarse. El ranking de esta semana no mide el éxito de una política: mide cuánto aguanta un sistema sin ella.
«Ningún becario en la calle»: la toma del Polo Científico
El mismo miércoles, mientras sesionaba el Directorio del CONICET, investigadores, becarios y trabajadores nucleados en ATE Conicet tomaron el Polo Científico Tecnológico de Palermo. El reclamo central: la continuidad laboral de cientos de becarios posdoctorales que terminan sus becas y esperan la resolución de los concursos de ingreso a la Carrera del Investigador Científico, concursos que el gobierno no prorroga. A eso se suman las bajas en la obra social y el congelamiento de los ingresos. Bajo la consigna «Ningún becario en la calle», la protesta se extendió durante toda la reunión de autoridades, sin respuesta oficial.
La situación del CONICET no es independiente del conflicto universitario: es la otra cara del mismo ajuste. Los becarios posdoctorales que quedan sin continuidad son, en muchos casos, docentes universitarios; los grupos de investigación que se vacían funcionan dentro de las mismas universidades que están en conflicto por su presupuesto. Por eso la AGD UBA se movilizó esta semana junto a ATE Conicet. El ranking QS y la toma del Polo Científico cuentan la misma historia desde dos ángulos: la investigación argentina, reconocida en el mundo, se sostiene sobre trabajadores a los que el sistema les retira, uno a uno, las condiciones para seguir.
Lectura de conjunto
La semana mostró cómo se conectan las piezas. El gobierno usó el acuerdo salarial de la semana pasada para intentar convencer a la Corte de que ya no hay emergencia universitaria, confirmando exactamente lo que las bases desconfiaban cuando se firmó. El ranking QS reveló que la UBA sostiene su prestigio internacional por resiliencia y no por política, mientras la mayoría de las universidades argentinas cae y los indicadores de investigación empiezan a ceder. La toma del Polo Científico puso rostro a ese deterioro: becarios que se quedan sin continuidad, ciencia que se vacía de a una persona por vez. Tres escenas de una misma trama: una ley que existe, un gobierno que no la cumple, y un sistema que aguanta a fuerza de la gente que lo sostiene. La pregunta para la segunda mitad del año es cuánto más puede durar esa resiliencia sin que algo, en algún punto, ceda.
