El pasado como explicación

El Gobierno nacional hizo dos movimientos esta semana y los dos consistieron en señalar hacia otro lado. Ante los peores resultados de la Argentina en las pruebas PISA desde 2006, la Secretaría de Educación atribuyó la caída a la herencia recibida y a la pandemia. Ante los gremios universitarios, repitió sin modificar una oferta salarial que ya había sido rechazada por unanimidad. En un caso la responsabilidad está en el pasado; en el otro, en la restricción fiscal. En ninguno, en las decisiones que se toman ahora. Vale detenerse en esa coincidencia, porque explica buena parte de lo que ocurrió en el sistema educativo durante estos cinco días.

Los datos de PISA existen, y dicen más de lo que se les hace decir

Los resultados de PISA 2025 se conocieron el 8 de septiembre y la discusión sobre qué significan ocupó esta semana. Los números no admiten atenuación: 367 puntos en matemática, 389 en lectura, 393 en ciencias, con caídas de 11, 12 y 13 puntos respecto de 2022. El 76% de los estudiantes no alcanzó el nivel mínimo de competencia en matemática y el 59% tampoco lo logró en lectura ni en ciencias. Apenas uno de cada cuatro alcanzó el nivel básico en matemática, contra casi tres de cada cuatro en el promedio de la OCDE. Entre trece participantes latinoamericanos, la Argentina quedó octava en las tres áreas.

Ahora bien, de un dato malo no se sigue automáticamente una interpretación correcta. El informe técnico señala que la desigualdad socioeconómica continúa siendo uno de los factores de mayor efecto sobre los aprendizajes, con una brecha entre estudiantes de sectores aventajados y desaventajados equivalente a unos cuatro años de escolaridad. Ese es el hallazgo que la lectura mediática dominante suele omitir: lo que PISA mide con más nitidez no es cuánto falla la escuela, sino cuánto pesa la estructura social sobre lo que la escuela puede compensar.

Los datos jurisdiccionales refuerzan ese punto por otra vía. La Ciudad de Buenos Aires conservó los puntajes más altos —449 en ciencias, 432 en lectura, 418 en matemática— pero retrocedió 17 puntos en lectura, más que el promedio nacional. Mendoza cayó otros 17 puntos en la misma área. Córdoba, en cambio, mejoró 12 puntos en ciencias y sostuvo lectura y matemática sin caídas. Una sola provincia en sentido contrario no alcanza para probar nada de manera concluyente, pero sí para desactivar el fatalismo: si el deterioro fuera un destino, Córdoba habría caído también.

La discusión sobre la herencia esconde una discusión sobre el presente

El secretario de Educación, Carlos Torrendell, sostuvo que la responsabilidad recae en gestiones anteriores enfocadas «en el distribucionismo, en una inclusión mal entendida, y no en lograr los aprendizajes fundamentales», y la Secretaría afirmó que los resultados reflejan doce años de escolaridad previos. El lunes 14, CTERA respondió. Su especialista Liliana Pascual planteó que la evaluación recoge los aprendizajes construidos en los últimos ocho años de escolaridad, es decir desde 2016, y no desde 2013.

La diferencia no es caprichosa: depende de si se cuenta la trayectoria desde el nivel inicial o desde primer grado. Pero la discusión sobre el punto de partida tiene una consecuencia política evidente, porque define qué gestiones quedan incluidas en el período evaluado. Y hay un dato que ninguna de las dos formas de contar modifica: el descenso más pronunciado se produjo entre 2022 y 2025. CTERA agregó el componente que el análisis oficial no contempla: la inversión educativa cayó al 4% del PBI en 2024, el nivel más bajo en veinte años, con un presupuesto nacional recortado casi a la mitad en dos años y el artículo que fija el piso del 6% suspendido.

Se puede discutir cuánto de un resultado educativo es atribuible a cada gestión. Lo que no resulta sostenible es reclamar la evaluación como diagnóstico y descartar el financiamiento como variable.

Repetir una oferta rechazada también es una respuesta

El jueves 17, en el Palacio Pizzurno, Capital Humano volvió a reunirse con las federaciones docentes universitarias y presentó exactamente la misma propuesta de dos semanas atrás: 3% para septiembre y 3% para octubre. La reunión terminó a los pocos minutos, sin contrapropuesta ni respuesta sobre los fondos que la Ley de Financiamiento Universitario destina a funcionamiento, hospitales y becas. Frente a una deuda que los gremios ubican en 31,2% calculado a julio —cerca del 33% con la inflación posterior—, la reiteración textual del ofrecimiento comunica que el Ejecutivo no considera que el conflicto tenga costo suficiente para moverse.

La respuesta abandonó el formato de las medidas aisladas. Hubo paro el viernes 18 y habrá otro el martes 22; desde el 21 comienza un esquema de paros rotativos que se extiende hasta la segunda mitad de octubre, con ADUBA anunciando 23 días de medidas en las reparticiones de la UBA. Sobre ese piso se convocó la Quinta Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre, esta vez frente al Palacio de Tribunales: la movilización ya no se dirige al poder que debe pagar sino al que ordenó pagar. Puertas adentro, COAD objetó que el plenario de CONADU recién se reúna el 28 de septiembre y reclamó un plan construido desde las bases.

En la provincia de Buenos Aires el conflicto está un paso más atrás. El Frente de Unidad Docente Bonaerense —AMET, FEB, SADOP, SUTEBA y UDOCBA— pidió formalmente al ministro Walter Correa la reapertura de la paritaria comprometida para septiembre, con un pliego que incluye IOMA, la defensa del IPS y el convenio colectivo. Al cierre de la semana no había convocatoria, ni fecha, ni porcentaje oficial.

Mientras tanto, las provincias legislan

El miércoles 16, el diputado santafesino Carlos del Frade presentó un proyecto para regular el uso de dispositivos digitales e inteligencia artificial en el sistema educativo provincial. Establece criterios por nivel y define cuándo queda prohibida la IA generativa: cuando reemplaza de modo generalizado la producción intelectual estudiantil, cuando impide verificar los procesos reales de comprensión o cuando introduce decisiones automatizadas sin supervisión humana. Obliga, además, a que cada institución explicite qué usos autoriza, qué debe ser de elaboración propia y con qué criterios se evaluará. Y protege expresamente a quienes requieren tecnología como apoyo de accesibilidad o salud, con procedimientos «ágiles, razonables y no estigmatizantes».

El antecedente es la ley sancionada en Río Negro en agosto, impulsada por la Coalición Cívica; días antes había ingresado en Catamarca una iniciativa de La Libertad Avanza con el mismo objeto. Tres provincias, tres signos políticos que no coinciden en casi nada, una misma conclusión: la IA en la escuela necesita marco y no apagón.

También en clave de producción, la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT será sede el 22 y 23 de septiembre del VII Seminario Nacional de la Red ESTRADO, con 160 trabajos, quince provincias representadas, delegaciones de México, Brasil y Chile, y un homenaje al maestro tucumano Isauro Arancibia a cincuenta años del golpe.

Lectura de conjunto

La semana ofrece una simetría difícil de pasar por alto. El Gobierno nacional recibe un diagnóstico severo y lo explica por el pasado; recibe un reclamo salarial respaldado por una ley, una cautelar y un fallo de la Corte, y lo responde con la misma cifra que ya había sido rechazada. En ambos casos el presente queda fuera de la ecuación. Enfrente, el sistema hace otra cosa: tres legislaturas provinciales escriben la norma que falta sobre inteligencia artificial, una universidad convoca a discutir el trabajo docente, una provincia mejora sus resultados mientras el resto cae. PISA no describe una escuela que fracasa; describe una sociedad desigual donde la escuela sostiene sola lo que el financiamiento abandonó. La pregunta que abre octubre es si la quinta marcha conseguirá lo que cuatro anteriores no lograron, y si el diagnóstico de PISA servirá para decidir dónde invertir o solo para discutir a quién culpar.

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