La ESI no rinde examen

La semana pasada, una funcionaria porteña volvió a decir de la Educación Sexual Integral lo que cierta época necesita escuchar para sentirse valiente: que es una ideología siniestra, que destruye la cabeza de los chicos, que se mete demasiado temprano allí donde, se supone, todavía debería reinar la inocencia. La frase circuló rápido, como circulan hoy las frases diseñadas para no pensar. Hacen ruido, provocan indignación, obligan a responder, y después se sientan a mirar cómo los demás trabajan para volver razonable lo que nunca lo fue.

La primera tentación es salir a contestar con argumentos. Recordar la ley, citar los lineamientos curriculares, explicar qué se trabaja en el nivel inicial, mostrar datos, traer especialistas, aclarar una vez más que la ESI no inventa cuerpos ni empuja identidades, sino que ofrece palabras para cuidar la vida. Todo eso es cierto. Pero quizás el problema empieza exactamente ahí: cuando creemos que toda provocación merece una respuesta argumentada.

No toda opinión inaugura un debate. Algunas apenas exhiben su pobreza.

Hay posiciones que entran en la conversación pública con una trampa bastante eficaz: no traen argumentos, pero exigen ser tratadas como si los tuvieran. No presentan una lectura seria de la escuela, de la infancia o de la ley, pero obligan a los demás a responder con bibliografía, paciencia pedagógica y tono institucional. Entonces la discusión cambia de lugar. Ya no se trata de pensar cómo mejorar una política pública, sino de defender una y otra vez que esa política no es una amenaza.

Ahí está el problema. Cada vez que aceptamos discutir la ESI en los términos de quienes la llaman “ideología siniestra”, ya concedimos demasiado. Concedimos que una política de derechos puede ser presentada como un peligro moral. Concedimos que una ley votada hace casi veinte años debe volver a pedir permiso cada vez que alguien decide hacer campaña con el miedo de las familias. Concedimos, sobre todo, que una frase sin espesor ocupe el mismo lugar que una experiencia escolar, un marco normativo y una historia concreta de cuidados.

La democracia permite decir muchas cosas. Incluso pavadas. Sería inquietante que no fuera así. Pero de ahí no se sigue que toda opinión deba ser tratada como una posición intelectualmente respetable. Una cosa es respetar a las personas y otra muy distinta es respetar cualquier cosa que las personas dicen. La libertad de expresión no convierte una ocurrencia en argumento, ni un prejuicio en pensamiento, ni una consigna de barricada en una contribución al debate público.

Ese malentendido es muy propio de este tiempo. Como todos pueden hablar, entonces parece que todo lo dicho vale lo mismo. Como alguien tiene derecho a expresarse, entonces los demás deberíamos discutir con esa expresión como si fuera seria. Pero una sociedad democrática no se fortalece cuando pone en pie de igualdad cualquier afirmación. Se fortalece cuando puede distinguir entre una diferencia legítima y una estupidez dicha con autoridad.

La estupidez, además, trabaja rápido. No necesita leer, no necesita escuchar, no necesita hacerse cargo de lo que ignora. Le alcanza con producir una imagen suficientemente fuerte: “les destruyen la cabeza a los chicos”, “los adoctrinan”, “les roban la inocencia”. Son frases que no buscan describir nada. Buscan activar una alarma.

Pero en el nivel inicial la ESI no es la caricatura que necesitan sus detractores. No es una maestra revelando secretos oscuros sobre la sexualidad adulta. No es una agenda oculta que entra por la puerta del jardín mientras las familias miran distraídas para otro lado. Es enseñar a nombrar el cuerpo, a reconocer la intimidad, a diferenciar una caricia de una invasión, a decir que no, a pedir ayuda, a registrar emociones, a respetar a otros, a comprender que no todas las familias son iguales y que esa diferencia no vuelve a nadie menos digno.

Dicho de otro modo: la ESI no destruye la cabeza de los chicos. Les da palabras. Y a veces eso es precisamente lo que molesta.

Porque donde hay palabras, hay menos obediencia muda. Donde hay palabras, un niño puede contar algo que antes no sabía cómo decir. Donde hay palabras, una niña puede advertir que su cuerpo no está disponible para cualquiera. Donde hay palabras, una escuela puede intervenir antes, acompañar mejor, escuchar de otro modo. Tal vez por eso ciertos discursos se desesperan tanto. No porque la ESI arruine la infancia, sino porque interrumpe una forma vieja, silenciosa y cómoda de administrarla.

También conviene decirlo sin rodeos: llamar “ideología” a todo aquello que amplía derechos es una maniobra gastada, pero todavía eficaz. Se acusa de ideológica a la ESI como si la posición contraria bajara del cielo envuelta en neutralidad. Pero no hay neutralidad en pedir silencio sobre los cuerpos, las identidades, los vínculos, los abusos o las diferencias. No hay neutralidad en pretender que todas las infancias entren en una sola forma de familia, de cuerpo y de vida.

La única ideología que suele no nombrarse es la que quiere pasar por sentido común. Esa que dice defender a los niños, pero en realidad defiende una imagen adulta de la infancia: pura, muda, obediente, sin preguntas, sin conflicto, sin historia y sin cuerpo. Una infancia de estampita. Útil para discursos públicos, pero bastante inútil para cuidar a los chicos reales.

La ESI, en cambio, no le quita derechos a nadie. No obliga a una familia a dejar de creer lo que cree. No impide transmitir valores, tradiciones, convicciones religiosas o formas particulares de entender la vida. Lo que hace es garantizar que, más allá de esas creencias, todos los chicos tengan acceso a saberes básicos para cuidarse, reconocer sus derechos y vivir con otros. Una política pública no existe para confirmar la moral privada de cada adulto, sino para construir condiciones comunes de cuidado.

Y acá aparece otro problema de fondo. Hay funcionarios que parecen olvidar que gobernar no es convertir la propia biografía en norma. Uno puede tener creencias personales, religiosas, morales o familiares. Puede incluso no comprender del todo ciertas transformaciones culturales. Nadie exige entusiasmo íntimo ante cada cambio de época. Pero hacer política no consiste en usar el Estado para prolongar las propias incomodidades.

Gobernar implica salir de la posición individual y entrar en una responsabilidad colectiva. A veces, incluso, implica administrar derechos que exceden la propia experiencia personal. Una funcionaria puede pensar lo que quiera sobre el género, la sexualidad, la familia o la infancia. El punto es otro: cuando habla desde el Estado, no habla solamente como vecina, madre, creyente o ciudadana particular. Habla desde una función pública. Y la función pública no puede organizarse alrededor de lo que a alguien le molesta, le asusta o le parece moralmente desagradable.

La política democrática exige algo más difícil que opinar: exige responder por las consecuencias de lo que se dice y de lo que se hace. Por eso no alcanza con la convicción personal. La convicción puede ser intensa y, al mismo tiempo, profundamente injusta. Puede ser sincera y, aun así, producir daño. La historia está llena de personas convencidas de cosas horribles. La pregunta política no es solamente qué cree alguien, sino qué efectos produce esa creencia cuando se convierte en decisión pública.

En este sentido, poco importa si una funcionaria está de acuerdo o no con la ESI. La ESI no es un gusto personal. No es una preferencia cultural. No es una moda pedagógica que cada gobierno puede aceptar o rechazar según el clima de época. Es una política pública sostenida en derechos. Y los derechos tienen esa incomodidad maravillosa: no dependen de que todos los adultos estén tranquilos con ellos.

Por supuesto que la ESI puede y debe discutirse. Hay que discutir su implementación, sus materiales, sus modos de llegada a las escuelas, la formación docente, el diálogo con las familias, las diferencias entre niveles, la distancia entre la ley y lo que efectivamente sucede en las aulas. Eso sí es una discusión necesaria. Eso sí requiere argumentos, escucha y trabajo serio. Pero una cosa es discutir cómo mejorar una política pública y otra muy distinta es aceptar que sea tratada como una amenaza monstruosa.

La diferencia no es menor. La primera discusión pertenece a la pedagogía y a la política democrática. La segunda pertenece al pánico moral. Y el pánico moral tiene una mecánica conocida: toma una transformación social, la exagera, le inventa enemigos, la asocia con la corrupción de la infancia y después reclama autoridad para restaurar un orden perdido. Siempre hay algo que salvar. Siempre hay alguien que viene a destruir a los niños. Siempre hay una conspiración demasiado perfecta para ser cierta y demasiado útil para ser abandonada.

Frente a eso, quizás la escuela no tenga que correr siempre a explicar que no es culpable. Tal vez tenga que recuperar cierta autoridad para decir: esto ya lo discutimos, esto ya tiene ley, esto ya forma parte de una responsabilidad pública. No para clausurar todo debate, sino para no retroceder cada vez al casillero inicial. Porque hay discusiones que, cuando se repiten eternamente, no expresan vitalidad democrática; expresan incapacidad de aceptar lo que una sociedad ya decidió cuidar.

La ESI no debería estar todo el tiempo rindiendo examen ante quienes no quieren entenderla. La escuela tampoco. Hay algo agotador en tener que explicar una y otra vez que enseñar cuidado no es adoctrinar, que hablar del cuerpo no es sexualizar, que reconocer diferencias no es confundir, que proteger derechos no es destruir familias. A esta altura, la pregunta ya no es qué es la ESI. La pregunta es por qué algunos necesitan mentir tanto sobre ella.

Quizás porque la ESI toca un punto sensible: desplaza el monopolio adulto sobre ciertas palabras. Durante mucho tiempo, hubo temas que los chicos debían aprender tarde, mal, solos o en silencio. La escuela, cuando asume la ESI, no reemplaza a las familias; hace algo más básico y más democrático: garantiza que ningún niño quede librado a la suerte de la familia que le tocó, del adulto que se anime a hablar o del silencio que se imponga en su casa. Esa es, justamente, la función pública de la educación.

La escuela no está para confirmar todas las creencias familiares. Tampoco está para humillarlas. Está para abrir un mundo común. Y un mundo común no se construye dejando afuera aquello que incomoda, sino enseñando a nombrarlo con cuidado, con gradualidad, con responsabilidad y con respeto por la edad de los chicos. Eso es bastante menos escandaloso que lo que gritan algunos. También es bastante más importante.

Por eso, tal vez, haya que dejar de responder ciertas provocaciones como si fueran preguntas. No todo insulto viene a buscar una conversación. A veces viene a producir retroceso. A veces viene a reinstalar miedo. A veces viene a obligarnos a defender lo que ya debería estar defendido por la ley, por la experiencia y por una mínima ética del cuidado.

La estupidez también quiere sentarse a la mesa del debate público. Se presenta con gesto solemne, pide micrófono, habla en nombre de los niños, invoca la familia, acusa ideologías ajenas y oculta la propia. El problema no es que hable. El problema es cuando, por educación, por reflejo democrático o por puro cansancio, le corremos la silla.

La ESI no destruye la cabeza de los chicos. Lo que destruye la vida de muchos chicos es no tener palabras para decir lo que les pasa. Lo que destruye infancias es el silencio, el abuso, la vergüenza, la obediencia ciega, la idea de que hay temas que no deben tocarse porque incomodan a los adultos. Lo que destruye no es hablar con cuidado. Lo que destruye es callar por miedo.

Y si todavía hace falta decirlo, digámoslo. No estamos ante una discusión entre dos posiciones igualmente atendibles. De un lado hay una política pública de derechos, perfectible como toda política pública, pero necesaria. Del otro, muchas veces, hay una frase brutal buscando parecer pensamiento. No hay que confundirse. No todo lo que hace ruido dice algo. No toda opinión merece altar. No toda estupidez necesita respuesta.

A veces alcanza con señalarla.