Por Javier Lamónica
A partir del ciclo lectivo 2022, el Gobierno porteño comenzó a implementar las denominadas “Prácticas educativas en ámbitos laborales”, obligatorias para estudiantes del último año de secundaria. El plan se puso en marcha para 29.400 estudiantes de 442 establecimientos educativos de gestión pública y privada.
Según las autoridades, esta política le permitirá a les estudiantes (el “les” es mio, claro) “(…) desarrollar nuevas capacidades, tomar decisiones con autonomía, estimular su creatividad, su pensamiento crítico y su potencial de trabajar en equipo”. Se espera también, que la incorporación de estas prácticas a desarrollarse en empresas y organizaciones, permita a quienes egresan de la escuela secundaria dominar nuevas habilidades que sean funcionales a una mejor y más rápida inserción, tanto en el mundo laboral como en la formación superior.
El programa señala que las prácticas educativas laborales forman parte del diseño curricular de la Secundaria del Futuro y su desarrollo se llevará adelante en horario escolar. Al mismo tiempo, se espera que sean incluidas en el proceso de evaluación a cargo del equipo docente de cada escuela. En este sentido y en caso de que aún no lo hayan advertido, estas prácticas no son rentadas; y tampoco son pasantías, es decir, no se trata de una experiencia laboral enriquecedora dentro de un campo en el cual esperamos desarrollarnos como profesionales o como aprendices, y que parten de una búsqueda personal o institucional sino que se espera que se realicen dentro del sector productivo, o de gestión de políticas públicas; como la policía, tal como acaba de ser anunciado por Acuña(1).
Según los registros del gobierno de la Ciudad, participarían de la propuesta 11.250 estudiantes de 116 escuelas de gestión estatal, y 18.150 estudiantes de 326 escuelas de gestión privada. Las escuelas técnicas quedan exceptuadas dado que las mismas implementan Prácticas Profesionalizantes en 5° y 6° año. Vale aclarar que en el resumen ejecutivo del proyecto no se hace ninguna referencia a las escuelas de gestión social, las cuales, de haber sido consideradas, estimamos que fueron incluídas dentro del universo de gestión privada, que es quien tiene a su cargo tanto la supervisión pedagógica como la técnico contable de este tipo de instituciones.
En cuanto a la implementación de las prácticas, tienen una duración de 120 horas cátedra, es decir, 80 horas reloj que deben distribuirse con un máximo de 4 horas diarias. Resumiendo la información disponible, se espera entonces que cada estudiante cumpla una jornada laboral de cuatro horas a lo largo de veinte días hábiles. Descontando los fines de semana, esto nos da un mes de trabajo, en el que se estarían incorporando al mercado laboral, 14.700 personas en jornada completa de ocho horas.
En la última reunión con supervisores, de la cual participé en mi rol de rector de una escuela secundaria, se aclaró que, dadas las dificultades de que todes les estudiantes salgan a trabajar al mismo tiempo; se podía implementar a lo largo del año, de modo que podíamos ir enviando de a grupos de tres o cuatro estudiantes por vez a lo largo del ciclo escolar. Hagamos entonces una cuenta rápida; dando por sentado que la oferta de estudiantes-trabajadores no va a cesar con el paso del tiempo, y teniendo en cuenta esta última posibilidad aportada por los equipos de supervisión; esta política inyectara 1633(2) puestos de trabajo, dentro del segmento de mercado más frágil en términos laborales.
No voy a hacer ninguna referencia acerca de las entidades que rápidamente se listaron para participar del proyecto, porque implicaría descalificar ciertos empleos, pero alcanza con acercarse un poco a la información disponible para darse cuenta de que lejos de tratarse de empresas “comprometidas con la educación” tal como prevé el gobierno; se trata de organizaciones que, en su base operativa (que es donde finalmente podrán integrarse les estudiantes); ofrecen puestos pocos calificados, de alta competencia dentro del mercado.
Entonces, podríamos tomar un buen rato discutiendo si corresponde o no corresponde, en términos jurídicos, políticos o, incluso, éticos, que personas menores de edad se inserten en la vida laboral. Podríamos discutir también si corresponde a la escuela tomar esta demanda, aún cuando la Ley 26.206 de Educación Nacional de 2006 y Ley 3.541 de CABA de 2010, no contemplan la obligatoriedad de este tipo de práctica. O podríamos preguntarnos si este tipo de proyectos no resultan funcionales a ciertas políticas de Estado que buscan, precisamente, flexibilizar el mercado laboral para beneficio de quienes explotan la fuerza de trabajo.
Al respecto, veamos algunos números. Considerando estos 1633 puestos de trabajo, y tomando como referencia el salario mínimo vital y móvil vigente a partir de junio, establecido en $45.540, “Las prácticas educativas en ámbitos laborales” suponen un ahorro de $74.366.820 millones de pesos mensuales que, a lo largo de los nueve meses de clases, asciende a $669.301.308.
Esto ocurre en una Ciudad en donde, según los Indicadores Laborales provistos por la Dirección General de Estadísticas y Censos porteña, para el 1er trimestre de 2022(3), el desempleo alcanza el 8,7%. En términos absolutos, de 1.701.730 personas que componen la población económicamente activa(4), 148.586 se encuentran en condición de desocupadas(5). Si bien la tasa puede parecer baja, cuando analizamos la ocupación en función del nivel educativo alcanzado, vemos que las personas con secundario incompleto, con primario completo, y hasta primario incompleto, constituyen, en conjunto, sólo el 16,3% de la población ocupada. Desafortunadamente, el Informe de resultados no detalla cómo se constituye, en función de esta misma variable, la población desocupada, pero si tomamos los resultados ofrecidos por el INDEC para el cuarto trimestre de 2021(6) en relación a la composición de la tasa de desocupación según nivel educativo, vemos que las personas sin estudios superiores componen el 70% de la población desocupada(7).
Volvamos a la escuela y pensemos, entonces, qué tipo de labores podría desempeñar alguien que está finalizando sus estudios secundarios si, como prevé el programa, no deben centrarse en el ámbito comunitario o en emprendimientos escolares(8). Es decir, si lo que se propone es que sean prácticas “reales” de trabajo y, en este sentido, necesarias, no debemos pensar en ellas como un “juego”, ni subestimar su impacto dentro del mercado. En este sentido, tenemos la obligación de preguntarnos, no solo si se están vulnerando los derechos de les estudiantes, sino también si no estamos siendo funcionales a una política de estado que busca debilitar, aún más, la fuerza productiva, haciendo uso de un recurso aparentemente inocuo, como es la educación.
Para ello, creo que resulta fundamental volver sobre la idea de “Prácticas educativas en ámbitos laborales”, eufemismo bajo el cual se logra enmarcar una política que vulnera derechos básicos de las personas. Cualquier práctica escolar que pretenda acercar a les jóvenes al mundo laboral debería comenzar por dignificar el trabajo y ajustarse a derecho. Al respecto, señalemos que la Ley de Trabajo Laboral establece que constituye trabajo “toda actividad lícita que se preste en favor de quien tiene la facultad de dirigirla, mediante una remuneración”. Así mismo, la Ley entiende como empresa la “organización instrumental de medios personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo una dirección para el logro de fines económicos o benéficos”. En términos ontológicos, esto significa que allí donde haya lucro hay trabajo y, por lo tanto, trabajadores/as.
En vez de manderles a trabajar; una política educativa de estas característica debería comenzar hablando de derechos, de coyunturas económicas, de marcos políticos, de modos de producción, del movimiento obrero organizado, la pobreza estructural, las desigualdades de origen, el neoliberalismo, la organización ciudadana, las cooperativas, las organizaciones de base, los estallidos sociales, el 2001 y un sin número de contenidos fundamentales para pensar el mundo laboral. En vez de eso, el proyecto propone una instancia introductoria de 30 horas cátedra, dentro de las cuales se incorpora un módulo de 18 horas en las que se debe trabajar “educación financiera”, desde un enfoque en el que se proponen temas como trading, scalping y mundo cripto(9). Trataremos este asunto en un nuevo artículo, pero permítanme adelantar que estos abordajes no resultan novedosos. Se trata de una ideología que va cambiando de forma, que se viste a la mode, como esas melodías pegadizas que nos encontramos cantando sin saber bien de dónde vienen. Se trata de perspectivas que van performando una práctica docente que se adecua a una escuela que parece un modelo para armar (o parar desarmar).
De la mano de estas transformaciones asistimos a una fascinación por lo nuevo en la que los discursos de moda desembarcan en las instituciones sin ningún tipo de mediación. Esto nos conduce a una paulatina destrucción de la experiencia que se traduce en incapacidad para llevar adelante la tarea. Antes de poder hacer uso de las nuevas herramientas o de probar nuevos enfoques, les docentes son invitades a reinventar su práctica para aggiornarse a las (cada vez) nuevas necesidades.
Para finalizar, creo que resulta fundamental compartir estas inquietudes con las familias quienes, en última instancia, deberán firmar los acuerdos que le dan forma a este proyecto haciéndolo, de este modo, viable. Encuentro allí, junto a una firme posición de las escuelas, una posibilidad de resistencia para oponerse a una política pública que refuerza la precarización laboral, vulnera los derechos de las infancias y desprecia el trabajo que todos los días llevamos adelante desde la aulas.
(1) Para más información leer https://www.eldestapeweb.com/politica/-caba/el-gobierno-porteno-sumo-pasantias-educativas-en-la-policia-de-la-ciudad-202261615340
(2) Este resultado surge de dividir 14.700 por los 9 meses aproximados de clases.
(3) Dirección General de Estadísticas y Censos (2022); Indicadores Laborales de la Ciudad de Buenos Aires, 1er Trimestre 2022; Informe de Resultados; Mayo 2022.
(4) La integran las personas que tienen una ocupación o que sin tenerla la están buscando activamente. Está compuesta por la población ocupada más la población desocupada.
(5) Se refiere a personas que, no teniendo ocupación, están buscando activamente trabajo. Corresponde a Desocupación Abierta. Este concepto no incluye otras formas de precariedad laboral (también relevadas por la Encuesta Permanente de Hogares -EPH-) tales como personas que realizan trabajos transitorios mientras buscan activamente una ocupación, aquéllas que trabajan jornadas involuntariamente por debajo de lo normal, a los desocupados que han suspendido la búsqueda por falta de oportunidades visibles de empleo, a los ocupados en puestos por debajo de la remuneración vital mínima o en puestos por debajo de la calificación, etcétera.
(6) Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2022); Mercado de Trabajo. Tasas e indicadores socioeconómicos (EPH). Trabajo e ingresos, volumen 6, nº 2; Cuarto trimestre 2021.
(7) Primario incompleto= 0,3; Primario completo= 0,8; Secundario incompleto= 1,7; Secundario completo= 2,2; Superior y Universitario incompleto= 1,3; Superior y Universitario completo= 0,6. Composición de la tasa de desocupación para el total de 31 aglomerados urbanos.
(8) Hago esta referencia porque en la normativa y desde la supervisión se ha hace especial hincapié en que las prácticas laborales deben realizarse fuera de la escuela.
(9) Estos fueron algunos de los temas propuestas por el equipo de supervisión.
Javier Lamónica
Magister y Especialista en Gestión Educativa por la Universidad de San Andrés. Ha dirigido y formado parte de diversos proyectos de investigación en agencias públicas e instituciones privadas. Participó como expositor, de diferentes seminarios y congresos educativos. Escribe asiduamente en publicaciones referidas al área. Asesor y supervisor en instituciones de nivel inicial, primario y secundario sobre temas relacionados con gestión educativa y convivencia escolar.
DECEDUCANDO 
Delfina Garino
Impecable!!! El análisis más acertado desde todos los puntos de vista. Qué alivio siento que Matilda te tenga como rector y también cómo referente. Lo que están haciendo con las ACAP en las escuelas públicas no quiero adjetivarlo… Y ni hablar del apriete a chic@s y grandes, que aún continúa. Felicitaciones!!