Quedan vacantes

Hay un llamado que en las escuelas se reconoce enseguida. Llega a fines de noviembre o en los primeros días de diciembre y del otro lado casi siempre hay una madre que empieza pidiendo disculpas por molestar. Pregunta si queda algún lugar. A veces aclara que ya probó en otros tres jardines, que quedó afuera del sorteo, que trabaja, que el más chico empieza sala de tres. Durante muchos años la respuesta fue casi siempre la misma, y quienes dirigimos escuelas aprendimos a darla con cierta economía verbal, esa que uno desarrolla para las conversaciones que se repiten: no hay vacantes, puedo anotarlo en lista de espera. La escena se repitió tanto y durante tanto tiempo que terminó pareciendo parte del clima, como el calor de diciembre o los actos de fin de año.

Ese llamado se fue espaciando. Al principio uno lo atribuye al azar, a la zona, a la competencia del jardín nuevo que abrió a tres cuadras. Después empieza a escuchar lo mismo en las reuniones de supervisión, en los pasillos de las capacitaciones, en el grupo de directores que alguna vez se armó para otra cosa. Y se escucha en los dos lados del sistema, que conviene subrayar antes de seguir: una colega de un jardín de gestión estatal cuenta que este año armó una sola sala donde antes tenía dos. Otra, de una escuela de gestión privada del conurbano, explica con más resignación que enojo que juntó sala de dos con sala de tres y que la maestra reorganizó las mesas para que los más chicos quedaran cerca de la puerta. Cambia lo que ocurre después —en el de gestión privada se cierra una sala y se pierde un cargo; en el de estatal se reubica a la maestra en otro jardín y el problema se vuelve menos visible—, pero el punto de partida es el mismo. Nadie firmó una resolución. Nadie discutió un criterio pedagógico para buscas otro tipo de soluciones. sobre la conveniencia de agrupar edades. Simplemente los números no daban, y los números, en el sistema educativo, tienen una capacidad de decisión que ningún funcionario se atreve a reclamar para sí.

Empecemos poniendo los datos sobre la mesa, porque en este asunto la conversación viene circulando bastante por delante de la verificación. En 2024 se registraron en la Argentina 413.135 nacimientos, contra los 777.000 de 2014. El promedio de hijos por mujer se ubicó en 1,23, por debajo del nivel de reemplazo poblacional, que se estima en 2,1 (1). No es un fenómeno local ni una excentricidad porteña: es transversal al país y se replica, con distintos ritmos, en buena parte del mundo. Lo específico del caso argentino es la velocidad. Leandro Bottinelli lo formuló de un modo que a quienes trabajamos en escuelas nos resulta inmediatamente reconocible: cada cohorte que ingresa al sistema tiene entre seis y siete por ciento menos estudiantes que la anterior, la ola ya llegó a tercer o cuarto grado y hacia 2027 o 2028 va a golpear la puerta de la secundaria. No es una proyección aventurada. Son chicos que ya nacieron, o que ya no nacieron.

Ahora bien, la primera hipótesis que circula cuando esto se conversa entre docentes es otra, y vale la pena detenerse porque yo mismo la sostuve durante un tiempo. La hipótesis dice que el problema no es demográfico sino cultural: que después de la pandemia muchas familias descubrieron que podían quedarse con sus hijos en casa, que aparecieron los jardines informales, los espacios de crianza, las alternativas de media jornada, y que la sala de dos y la de tres, al no ser obligatorias, quedaron libradas a la decisión doméstica. Hay algo de eso, y en el nivel maternal hay bastante. Pero los números agregados dicen algo distinto.

Entre 2016 y 2025 la población de tres a cinco años cayó un 31%: pasó de 2,25 millones a 1,56 millones. En el mismo período, la matrícula del nivel inicial cayó un 12%. La diferencia entre esas dos cifras no es un detalle técnico. Significa que, en términos proporcionales, hoy van más chicos al jardín que hace diez años. La cobertura no bajó: subió. Tanto que el informe de Argentinos por la Educación que produjo estos datos proyecta que, si se mantiene la capacidad instalada y se aprovechan plenamente las vacantes disponibles, en 2027 la cobertura del nivel inicial podría alcanzar el 98%, contra el 87% registrado en 2024.

Detengámonos ahí un segundo. Durante veinte años, el reclamo más constante de las familias de esta ciudad fue la falta de vacantes en los jardines de gestión estatal. Hubo amparos, hubo marchas, hubo campañas, hubo padres durmiendo en la vereda para conseguir un lugar. Ese problema está a punto de resolverse, y no lo resolvió ninguna política pública. Lo resolvió la biología. No es la primera vez que en la escuela argentina sobra lugar: el vaciamiento de los pueblos dejó durante décadas aulas rurales con matrícula mínima, y la migración interna produjo el mismo efecto en provincias enteras. Pero en aquellos casos el chico que faltaba en un lado aparecía en otro; lo que se movía era el mapa, no el total. Esta vez se mueve el total. Y sin embargo nadie lo festeja. En ninguna repartición hay un plan que se llame algo así como «qué hacer con el lugar que quedó libre». Lo que hay son salas que se fusionan, cargos que no se renuevan, jardines que cierran y una palabra que empezó a repetirse en los documentos oficiales con una naturalidad que a mí me sigue sonando extraña: capacidad instalada. Ya escribimos alguna vez en esta misma sección sobre la facilidad con que la escuela adopta vocabularios que no le pertenecen. Este es un buen ejemplo. La capacidad instalada es una categoría de la economía industrial, y su uso trae consigo, sin necesidad de argumentarlo, la idea de que una silla vacía es una ineficiencia.

Hay además un dispositivo concreto que hace que todo esto ocurra sin que nadie tenga que decidirlo. Las escuelas de gestión privada incorporadas a la enseñanza oficial —que son, conviene recordarlo cada tanto, educación pública financiada en parte con fondos públicos— reciben aporte estatal siempre que sus secciones alcancen un mínimo de alumnos. Para el jardín de infantes, ese mínimo es veinte. Lo fijó un decreto de diciembre de 1991 —una norma anterior, de los años ochenta, ya establecía mínimos para el funcionamiento de los cursos—, y prevé también compensaciones: si el promedio del conjunto de secciones llega al piso, todas conservan el aporte. Prevé excepciones, además, por razones geográficas o pedagógicas, o cuando no existe otro establecimiento de idéntico carácter en la zona. Pero la excepción está escrita como excepción: se pide, se tramita y se otorga una por una.

El artículo siguiente de ese mismo decreto es el que más me interesa. Está dedicado al desdoblamiento y establece que para partir una sala única en dos hacen falta más de cuarenta chicos; para tener tres, más de ochenta; para cuatro, más de ciento veinte. Es una norma escrita para un sistema que se llenaba, pensada para ordenar el crecimiento y evitar que se multiplicaran divisiones innecesarias. Nadie escribió nunca la regla inversa, la que dijera qué hacer cuando el número baja. No hizo falta: la primera, leída de atrás para adelante, ya la contiene. Por eso las salas se fusionan sin que exista un acto administrativo que lo ordene. En la gestión estatal el mecanismo tiene otro nombre pero la misma aritmética: la sección se sostiene si hay matrícula que la justifique, y cuando no la hay no se cierra un negocio, se cierra un cargo. En un caso la cuenta la hace el aporte; en el otro, la planta orgánica funcional. Ninguna de las dos cuentas la hizo alguien pensando en chicos de tres años. En los parajes rurales el mecanismo alcanza su expresión más nítida, porque un solo chico menos puede dejar a una sección por debajo del mínimo y, con ella, a un cargo docente. La aritmética hace lo que ningún funcionario firmaría.

Falta lo más importante, que es dónde ocurre. Porque la caída no se reparte de manera pareja. En la Ciudad de Buenos Aires los nacimientos pasaron de 43.716 a 24.690 por año, pero las proyecciones del propio Ministerio de Educación porteño muestran que en las comunas del sur —la 4, la 8, la 9 y la 10— la demanda de sala de cuatro caería alrededor de un 36%, la de sala de cinco un 42% hacia 2027 y la matrícula de primaria un 45% hacia 2028. En las comunas del norte, la curva proyectada para sala de cuatro es del 18%. La mitad. De modo que el lugar que quedó libre, ese que podría convertirse en la mayor ampliación de cobertura de las últimas décadas, se está liberando exactamente en los barrios donde el Estado tendría más para hacer. Y ahí la administración de ese lugar deja de ser un problema técnico. Antes del inicio del ciclo lectivo 2026, la Ciudad cerró al menos cinco jardines maternales: en el Bajo Flores, en la 1-11-14, en Villa Lugano, en Los Piletones, en Constitución. Treinta y cuatro docentes sin trabajo. Ninguno de esos jardines estaba en Palermo.

Lo curioso es que a pocos kilómetros ocurre lo contrario. La Provincia de Buenos Aires aprobó a fines de 2025 un plan para el nivel inicial cuyo horizonte declarado es la universalización desde los cuarenta y cinco días, con salas multiedad, extensión de jornada y apertura de maternales, y envió a la Legislatura un proyecto para hacer obligatoria la sala de tres. Puede discutirse la viabilidad presupuestaria, puede discutirse casi todo. Lo que no puede discutirse es que se trata de dos lecturas opuestas del mismo dato demográfico. Una lo lee como una vacante que se libera; la otra, como un gasto que puede reducirse.

Vale la pena mirar hacia afuera, porque esto ya pasó. En España la natalidad cayó un 18% en diez años, la primaria perdió más de doscientos mil alumnos en siete y las proyecciones oficiales estiman ochocientos mil estudiantes menos entre tres y quince años hacia 2050, el equivalente a treinta y tres mil aulas. Allí la discusión pública se organizó alrededor de una pregunta que acá todavía no formulamos: si conviene cerrar líneas o bajar las ratios. Las patronales de la enseñanza privada se opusieron a bajarlas, con el argumento de que encarecería el servicio. Japón, que atraviesa esto desde hace medio siglo y vio reducirse a la mitad su matrícula de primaria, mantiene desde 2010 un programa que reconvierte los edificios escolares cerrados en infraestructura comunitaria, bajo la idea de que resulta más sensato usar bien lo que existe que construir de nuevo. Y tanto Japón como Corea del Sur ensayaron durante una década políticas de subsidios y asistencia para revertir la baja natalidad, con resultados que los propios evaluadores describen como limitados. Ese último dato es el que más me interesa, porque desactiva la salida fácil. No hay manera de resolver esto haciendo que nazcan más chicos.

Queda entonces la obligación que ya existe y que nadie mencionó en toda esta conversación. La Ley 27.045, sancionada en 2014, declaró obligatoria la sala de cuatro y estableció que el Estado nacional, las provincias y la Ciudad tienen la obligación de universalizar los servicios educativos para los niños de tres años, priorizando la atención de los sectores menos favorecidos de la población. No hace falta legislar nada nuevo. Hay una ley de doce años que ordena hacer, con lo que hoy está disponible, exactamente lo contrario de lo que se está haciendo.

En otro vocabulario, el de cierta filosofía política del siglo pasado, la palabra natalidad no nombraba una tasa. Nombraba el hecho de que al mundo llegan permanentemente recién venidos, y que esa llegada obliga a quienes ya estaban a preparar algo para ellos. La escuela fue durante mucho tiempo el nombre institucional de esa obligación.

El teléfono, mientras tanto, suena cada vez menos. Y cuando suena, por primera vez en muchos años, la respuesta podría ser que sí.