Educar sin Ley (o la desaparición del Estado de Derecho)

Empecé mi carrera docente como profesor de Educación Cívica, una asignatura que, bajo diferentes denominaciones, forma parte del currículum escolar en argentina desde el nacimiento mismo de la escuela como sistema educativo. Ya en sus orígenes, la Ley de Educación Común 1420, sancionada el 8 de julio de 1884, proponía como objetivo de la Educación Primaria el desarrollo moral, intelectual y físico de todo niño de seis a catorce años de edad (art. 1º) y establecía una serie de contenidos básicos: 

El mínimum de instrucción obligatoria comprende las siguientes materias: lectura y escritura, aritmética (las cuatro primeras reglas de los números enteros y el conocimiento del sistema métrico decimal y la ley nacional de monedas, pesas y medidas); geografía particular de la República y nociones de geografía universal; de historia particular de la República y nociones de historia general; idioma nacional; moral y urbanidad; nociones de dibujo y música vocal; gimnástica y conocimiento de la Constitución Nacional. Para las niñas será obligatorio, además, el conocimiento de labores de manos y nociones de economía doméstica. Para los varones el conocimiento de los ejercicios y evoluciones militares más sencillas; y en las campañas, nociones de agricultura y ganadería. (Art. 6°. La negrita es nuestra) 

A lo largo del siglo XX, la consideración de la ciudadanía como objeto de enseñanza y aprendizaje fue adquiriendo formas diversas, que responden a las circunstancias políticas y, por lo tanto, a diversos enfoques ideológico-epistemológicos; por ejemplo, los relativos al conocimiento de los textos constitucionales y sus reformas, y a las rupturas del Estado de Derecho, dando lugar a un enfoque juridicista; o los vinculados a la inculcación de valores relativos a diferentes épocas y actividades de los ciudadanos (el buen niño, la buena esposa o el buen trabajador) con una marcada tendencia al adoctrinamiento moral. Los correlatos nominativos fueron Formación Moral y Cívica, Educación Democrática, Estudios de la Realidad Social Argentina (ERSA), Instrucción Cívica, entre otros (Ferreyra, Romero Blanca & Vidales: 2014).

El espacio curricular, Formación ética y ciudadana, tiene su origen en los contenidos básicos comunes aprobados por Resolución Nº 39/94 del Consejo Federal de Cultura y Educación, en el marco de la Ley Federal de Educación (1995), dando inicio a la inclusión necesaria de nuevos saberes en el campo de la formación ciudadana. Entre ellos, podemos mencionar saberes instrumentales de la filosofía práctica y la ética y la profundización del abordaje de los Derechos Humanos. Desde entonces, se han utilizado diferentes denominaciones según las distintas jurisdicciones y los niveles y ciclo de la escolaridad obligatoria, constituyendo un área prioritaria dentro de los objetivos de enseñanza. 

Con alguna modificación, esta breve introducción acompañó cada una de las planificaciones que, como docente, tuve que presentar a las autoridades de turno al inicio de cada ciclo escolar en el que tuve esta materia a cargo. Además de constituir un requisito, esta fundamentación me permitía justificar mis acciones; es decir, explicar a las familias, en caso de que hubiera alguna queja o planteo, que no era yo el que decidía tratar ciertas temáticas, sino que las mismas formaban parte del programa. Tal vez algún lector pueda encontrar este argumento un tanto maniqueo, pero lo cierto es que los docentes somos funcionarios públicos y, en tanto tales, debemos garantizar la aplicación de las normas que rigen nuestro trabajo, entre ellas, los diseños curriculares. Esto no significa que no hagamos una interpretación personal de la norma y que, en base a ella, hagamos nuestros propios recortes y selecciones, pero no es cierto que cada uno enseñe lo que quiera, como muchas veces se sugiere desde ámbitos ajenos a la escuela.

La primera vez que dicté esta asignatura fue en un colegio religioso, el mismo del cual egresé como alumno en 1997. Si bien mi devenir docente me llevó a irme de la escuela, no de la mejor manera, debo reconocer que no encontré mayores dificultades para llevar adelante mi trabajo, a pesar de estar en las antípodas en términos ideológicos. Claro que había posiciones que me resultaban inaceptables, ya desde mi experiencia como estudiante, pero, en algún punto, y a pesar de que dichas posiciones estaban en sintonía con la visión de la escuela, circulaban con cierto camuflaje o disimulo, porque eran ellas las no encajaban con el contexto político y el discurso público de la época. 

Hago referencia a las décadas del 2000 y 2010, un período central para nuestro país en materia de ampliación de derechos. Durante esos años, Argentina se convirtió en pionera de América Latina en términos de derechos sociales, con leyes tan importantes como la de «Matrimonio Igualitario», convirtiendo a Argentina en el primer país de la región y el décimo del mundo en permitir el casamiento entre personas del mismo sexo y la Ley 26.743 sobre Identidad de Género, la cual contempla por primera vez el derecho a la rectificación de los datos registrales cuando no concuerden con el género auto-percibido de la persona, garantizando de manera integral, complementaria, autónoma y suficiente el acceso a la salud integral que incluye el acceso a las hormonas y las intervenciones quirúrgicas de reasignación genital, total o parcial. En 2013 también se promulgó una nueva ley que castiga el trabajo infantil y otra que buscó regularizar la situación de más de un millón de empleadas domésticas, la mayoría de quienes trabaja de manera informal. Ese mismo año se marcó un nuevo hito con la aprobación de la Ley de Fertilización Asistida, que garantiza el acceso universal y gratuito a técnicas de reproducción a toda persona mayor de edad. En 2020, y luego de un largo proceso de debate público, se aprobó la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo. La misma se promulgó en enero de 2021, estableciendo así el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo durante las primeras 14 semanas de gestación, para las personas con capacidad de gestar de manera igualitaria. 

En materia de Derechos Humanos, en 2003, Néstor Kirchner promovió en el Congreso la anulación de las llamadas «leyes del perdón» que garantizaban la inmunidad a decenas de acusados de crímenes de lesa humanidad durante el último régimen militar (1976-1983). Dos años más tarde, la Corte Suprema de Justicia convalidó esa anulación y, en 2007, declaró inconstitucional un indulto a los jerarcas militares, abriendo las puertas a cientos de juicios contra ex represores. La reactivación de los juicios contra ex represores recibió el apoyo de gran parte de la sociedad argentina, pero no de todos. Algunos, en especial los sobrevivientes y familiares de quienes fueron víctimas de grupos guerrilleros durante los años 70, cuestionan que los ex líderes rebeldes no hayan sido juzgados como los militares.

Podemos sumar a esta ola de cambios y reformas, las políticas públicas creadas en pos de la ampliación del empleo y la cobertura social, y la ampliación del sistema previsional que, gracias a una moratoria implementada en 2005, permitió que unos 2,5 millones de jubilados reciban una pensión a pesar de no haber hecho aportes. Con esta política, Argentina pasó a tener la segunda mayor cobertura jubilatoria de América Latina, lo que constituye un hito para el reconocimiento de los sectores más desfavorecidos del mercado laboral. 

Dentro del ámbito educativo, la traducción de estas políticas se plasmó en una nueva Ley de Educación Nacional (26.206), promulgada en 2006, la cual busca ampliar el acceso a la educación para todas las personas, independientemente de su condición, asegurando un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida. Ese mismo año se dicta también la Ley de Educación Sexual Integral (26.160), tras la cual nace el Programa de Educación Sexual Integral, con la finalidad de hacer cumplir sus lineamientos en todos los establecimientos educativos públicos de gestión estatal y privada, desde los niveles de educación inicial hasta la formación docente. En línea con la ampliación y reconocimiento de derechos que estaba teniendo curso en Argentina en esa época, los ejes centrales de la Ley hacen foco en la perspectiva de género, el respeto a la diversidad, la valoración de la afectividad, el ejercicio de los derechos y el cuidado del cuerpo y la salud. 

Si bien este corpus legislativo y normativo, sigue rigiendo, a grandes rasgos, el funcionamiento social, creo que lo que hoy está en juego es su validez y permanencia en el tiempo. Pareciera que hoy no está tan clara esa vieja afirmación peronista que dicta que “Donde hay una necesidad, nace un derecho”. En este barajar y dar de nuevo, vemos que se están discutiendo cuestiones que creíamos absolutamente cerradas, como los crímenes de lesa humanidad, el diálogo democrático, el respeto por las minorías, el cuidado del medio ambiente, el acceso a los derechos básicos (educación, salud y trabajo); pero no solo eso, hablo de cosas aún más esenciales, como el cuidado de nuestros niños y adultos mayores. Resulta difícil no pensar en ello después de asistir a la brutal represión policial efectuada por el gobierno nacional durante la movilización del pasado miércoles en el contexto de la histórica marcha de los jubilados. 

Sin embargo, no es la represión en sí misma lo que denota un cambio de rumbo. Desgraciadamente, hemos sido testigos de eventos parecidos en nuestro país, más allá del signo político del gobierno. Desde la masacre del 19 y 20 de diciembre de 2001, pasando por la muerte de Kosteki y Santillán, el asesinato de Carlos Fuentealba o la desaparición de Tehuel, el aparato represivo del estado ha dado muestras de que ciertas discusiones todavia no fueron saldadas, a pesar del avance y el reconocimiento de los derechos civiles, sociales y políticos ocurrido durante las últimas décadas. La diferencia radica en que por primera vez, luego del retorno de la democracia, se produce una reversión del statu quo. Es cierto que durante el gobierno gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), se volvieron a poner en duda los hechos ocurridos durante el terrorismo de Estado con expesiones que rozaron el negacionismo, y que desde el bloque oficialista se votó en contra de cada una de las leyes que buscaban ampliar y mejorar el acceso a los derechos de los sectores más vulnerables de la población; a pesar de ello, se pudo garantizar el sostenimiento de ciertas políticas que permitían que el trabajo hacia el interior de las escuelas se llevara adelante con un alto grado de autonomía.

Pero algo parece haber cambiado desde diciembre de 2023. La embestida del gobierno contra algunas de las conquistas más importantes de estas últimas décadas, no se hace efectiva solamente en la letra, sino que permea fuertemente el discurso público y, cada vez más claramente, las aulas. El avance es lento, pero se va instalando con fuerza. Solo por tomar algunos ejemplos, podemos mencionar, la modificación a la Ley de Identidad de Género, para prohibir cirugías de adaptación de cuerpos y tratamientos de hormonización a menores de 18 años, o la más reciente propuesta de endurecer las condiciones de residencia y permanencia de extranjeros, limitando la gratuidad de la atención médica o implementando un arancel para estudiantes extranjeros. Más allá de la concreción de estas medidas, creo que es importante reflexionar acerca de los discursos que circulan detrás de estas decisiones: nos referimos, entre otros, al odio xenófobo y el miedo al diferente, que terminan regurgitando conceptualizaciones perversas y peligrosas, como la llamada “ideología de género”, desde la cual se intenta desinformar a la población para cancelar o desestimar la diversidad sexual y de género. 

En este contexto, en el que ni siquiera se ha hecho mención a la descalificación y la quita de presupuesto efectuada contra el sector educativo desde la asunción de Milei, nos encontramos, por primera vez, luego de muchos años, teniendo que dar explicaciones sobre nuestro trabajo. La diferencia, como tratamos de argumentar a lo largo de estas páginas, es que, acecha un temor diferente, que la Ley ya no esté de nuestro lado y que seamos nosotros quienes tengamos que desarrollar un “currículum oculto”, a la sombra de una legalidad, cada vez más frágil.