Por Victoria Imperatore
María Victoria Imperatore. Instituto de Investigaciones Gino Germani, Universidad de Buenos Aires/ CONICET. vicky.impe@gmail.com
Cita: Imperatore, M. V. (2025) Consejerías universitarias de salud sexual: una mirada en perspectiva, en Revista Deceducando, Edición Digital, Número 8: Educación, género y sexualidad, Buenos Aires: Ediciones Deceducando.
Todo objeto, antes excluido por minorizado, arrastra en su recuperación síntomas de su pasado en el margen. María Moreno(2)
Introducción
Cuando la Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) le habilitó al equipo de la Consejería en Salud Sexual y (no) Reproductiva la utilización del box número 7, el mismo ya funcionaba como espacio de trabajo para un equipo de cátedra que integraba, además, un grupo de investigación. Durante una entrevista, al reflexionar sobre el uso compartido del box, la coordinadora de la consejería recordaba: “hubo comentarios por parte de algunos docentes que nos interpelaron, nos preguntaban: “¿qué tiene que hacer tanto preservativo, tanta cosa de la sexualidad puesta en las paredes de este espacio? No somos un dispensario, ¿qué tiene que hacer la salud acá?” (entrevista personal, abril 2021).
La presencia de preservativos y las tensiones motivadas por su circulación formaron parte de la realidad cotidiana de distintas universidades nacionales de Argentina durante la última década. Aunque desde el escenario político actual pueda parecer inverosímil(3), entre los años 2014 y 2023 se conformaron 15 consejerías universitarias de salud sexual y (no) reproductiva. Las consejerías, como las llamaremos de aquí en adelante, son espacios de atención dispuestos para la escucha y el asesoramiento sobre los derechos sexuales y reproductivos reconocidos legalmente en el país. Conformadas mayoritariamente por profesionales del campo de las ciencias sociales (trabajo social, psicología, ciencias de la educación y sociología, entre otras disciplinas) orientadas a la salud, ofrecen información fehaciente y actualizada sobre diversos temas: anticoncepción, prevención y tratamiento de VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS), ciclo y gestión menstrual, parto respetado, derecho a la identidad de género y tratamientos de modificación corporal (hormonización, por ejemplo). Hasta el año 2024(4) las consejerías también se encargaron de distribuir insumos de salud sexual tales como test de embarazo, anticoncepción de emergencia, preservativos peneanos y vaginales, geles lubricantes y copas menstruales. Sus actividades han adoptado distintos formatos que van desde la atención individual, hasta talleres grupales y charlas abiertas a toda la comunidad. Algunas de ellas han organizado testeos masivos de VIH y sífilis y campañas de vacunación.
Producto de una singular intersección entre la Ley de Educación Sexual Integral (ESI), el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva y los efectos del movimiento Ni Una Menos (NUM) y de la llamada “marea verde” en el ámbito universitario (volveremos sobre esto más adelante), estas consejerías coexistieron con dispositivos similares anclados en el sistema formal de salud -principalmente en centros del primer nivel de atención y en consultorios ginecológicos-, y con “consejerías sexuales para el placer y la autonomía”, desarrolladas en talleres para mujeres y personas con vulva ofertados en centros culturales, domicilios particulares y cuentas de Instagram; artículos publicados en medios de prensa, episodios de podcasts y productos de la industria del entretenimiento, entre otros formatos (Felitti y Palumbo, 2024). En medio de esta proliferación de propuestas formativas, de orientación y consejo sobre bienestar sexual, los espacios que aquí nos ocupan tuvieron la particularidad de ser pensados desde el ámbito universitario y para sujetos universitarios. El objetivo de las líneas que siguen consiste en aportar una reflexión crítica sobre los cruces entre educación superior, género y sexualidad, a partir del análisis de un fenómeno reciente, como fue la conformación de estas consejerías universitarias de salud sexual integral.
Mirar hacia adentro: ESI para universitarios
La primera movilización convocada bajo la consigna “Ni Una Menos” en 2015 abrió un ciclo de movilizaciones callejeras, del que formaron parte los paros internacionales feministas realizados cada 8 de marzo desde el año 2016 y la masificación de los “pañuelazos” y acciones a favor de la legalización del aborto entre 2018 y 2020. La deliberación pública que acompañó ese clima de agitación callejera permeó los medios masivos de comunicación, ámbitos deportivos, culturales, comunitarios y políticos y colaboró en la consolidación de una base social de apoyo a los feminismos y transfeminismos sin precedentes en la historia del país (Elizalde y Felitti, 2015).
En el sistema universitario nacional esto se plasmó de forma contundente a través de la aprobación de instrumentos de abordaje de las violencias sexistas, conocidos coloquialmente como “protocolos”. Entre los años 2014 y 2021 se aprobó la creación de 50 protocolos en instituciones universitarias (Moltoni et al., 2020). De acuerdo con la información relevada por la Red Universitaria de Género (RUGE) del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), para el año 2021 la existencia de protocolos representaba al 70% del sistema universitario nacional y otro 13% de las instituciones universitarias se encontraban en proceso de elaboración (Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias, 2021).
Este proceso fue la antesala del desarrollo de las consejerías en al menos dos sentidos. La creación de los protocolos trajo consigo la conformación de equipos de trabajo especialmente dedicados a su implementación. En numerosos casos, este fue el germen de los espacios institucionales dedicados a la gestión de políticas de género desde donde, tiempo después, se multiplicaron y diversificaron las líneas de acción (con posibilidades determinadas en cada caso por el rango institucional adquirido y los recursos asignados, entre otros factores)(5). Aunque no fuera un objetivo declarado por las autoridades universitarias, la designación de quienes integrarían los equipos implicó, de hecho, la valoración tanto de saberes propios de los estudios de la mujer, la teoría del género, los estudios trans y queer, así como de destrezas prácticas adquiridas a través de la experiencia militante en los movimientos feministas y de la diversidad sexual. Investigadoras, trabajadoras docentes y no docentes(6) dedicadas a la enseñanza y a la producción de conocimiento sobre género y sexualidades, otrora marginalizadas dentro de sus propias instituciones, fueron convocadas en calidad de expertas para hacerse cargo de las “políticas de género”, que en aquel entonces gozaban de la legitimidad de los asuntos urgentes e ineludibles (Spataro y Blanco, 2023).
Por otra parte, en la aprobación de los protocolos se condensó un punto de acuerdo básico, conquistado a través de extensos y acalorados debates librados en aulas, pasillos y oficinas de las distintas casas de estudio: las instituciones universitarias no están exentas de alojar conductas violentas con motivaciones sexuales y de género. En un artículo pionero para los estudios locales de género y universidad, Rovetto y Figueroa se propusieron exponer y desarmar los “mitos patriarcales frente a las violencias sexistas en las universidades nacionales”, entre los que registraron: “quienes accedemos a la educación superior no ejercemos ni padecemos violencia” y “la universidad es un lugar de avanzada en la elaboración de ideas y democrático en sus prácticas” (2017). Este giro argumental, del que el artículo citado da cuenta minuciosamente, fue fundamental para la creación de instrumentos normativos que tendrían la potestad de prevenir y sancionar prácticas sexistas producidas en el marco de las relaciones establecidas entre sujetos universitarios.
El reclutamiento de feministas para el desempeño de tareas de gestión y el enfoque de la universidad como un espacio social atravesado por prácticas violentas y discriminatorias basadas en el género, fueron dos mojones para la puesta en marcha de las consejerías que aquí nos ocupan. Al revisar la fundamentación de los proyectos presentados para su creación -algunos de ellos tratados en los consejos directivos o superiores y otros elaborados, por ejemplo, para convocatorias de extensión y bienestar universitario-, encontramos una multiplicidad de referencias a la agenda de violencias. En algunos casos, la importancia de conformar dispositivos institucionales de orientación en salud sexual integral fundó su justificación en femicidios cometidos contra integrantes de la propia comunidad universitaria. A esto se refería la coordinadora de la Consejería en Derechos Sexuales y (no) Reproductivos de la UNC, con cuyo testimonio comenzamos este artículo, cuando hablaba del femicidio de una estudiante de su facultad como la “tragedia constitutiva” que las “motorizó a discutir y a construir un espacio de diálogo, a charlar, darle viabilidad y demás” (entrevista personal, abril de 2021). En una línea similar, entre los considerandos del proyecto de creación del programa marco para la Consejería integral en géneros y sexualidades de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), identificamos que el mismo se propone en “homenaje a la alumna Valeria Giofrré, víctima del femicidio acontecido el día 24 de noviembre de 2013”. En otros casos, la argumentación en favor de destinar recursos institucionales para el funcionamiento de las consejerías se montó sobre el posible impacto negativo que la discriminación y la violencia basadas en el género pueden causar sobre las trayectorias académicas y laborales. En esta dirección apunta, por ejemplo, el proyecto de la Consejería en Cuidados y Salud Sexual de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) presentado en el año 2021 en el Consejo Superior cuando establece que:
es imperioso que la Universidad asuma un rol protagónico en la definición de políticas de cuidado y salud sexual que acompañen la trayectoria académica del estudiantado, propiciando la terminalidad educativa y promoviendo el bienestar estudiantil al mejorar las condiciones en las que se desarrolla la vida universitaria(7).
Esta variedad de argumentos se combinó, además, con la fundación de un entramado legal capaz de facultar a las instituciones universitarias para intervenir en materia de salud sexual integral. Las consejerías encontraron amparo normativo en la Ley N° 25.673 de Creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable del año 2002, por la que se establece el derecho de todas las personas a tener fácil acceso a la información, educación y servicios vinculados a su salud sexual y reproductiva. La apelación al derecho a la información para el armado de consejerías se hizo eco de una historia más extensa en el país, que se remonta a la estrategia desplegada por militantes feministas y profesionales de la salud para brindar asesoramiento sobre aborto con anterioridad a la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), cuando la práctica estaba todavía penalizada -con excepción de las causales de no punibilidad-(8). Este reservorio de saberes y experiencias fue recuperado y adaptado por las feministas involucradas en la puesta en marcha de las consejerías universitarias para impulsar su conformación.
La ya mencionada Ley N° 26150 de Educación Sexual Integral (ESI) también ofreció apoyo legislativo a la conformación de los distintos dispositivos. A pesar de que su aplicación no alcanzara formalmente al nivel universitario, quienes pensaron los proyectos y negociaron su aprobación recurrieron al principio de autonomía de las universidades para alentar que sus casas de estudio se hicieran cargo de los lineamientos allí establecidos. El auge de la masificación del apoyo a la agenda feminista que sobrevino al primer NUM en 2015 fue, sin lugar a duda, condición necesaria para la efectividad de esta proposición. Asimismo, el debate parlamentario por la legalización del aborto, que se extendió entre los años 2018 y 2020, repercutió en el reposicionamiento de la ESI como una estrategia de formación valiosa para todos los niveles educativos, algo que también fue explotado en favor de las consejerías universitarias.
En síntesis, a diferencia de la activa demanda que alentó la aprobación de los protocolos, la creación de las consejerías no respondió a un clamor imposible de ignorar, sino a la voluntad de feministas con trayectoria en el campo de la salud sexual y (no) reproductiva que, gracias a un acertado sentido de la oportunidad, consiguieron sacar provecho de un clima político favorable a su agenda de intereses. Integrantes y ex integrantes de Programas de Salud Sexual y Reproductiva locales, trabajadoras sociales y profesionales de la salud con años de servicio en centros de atención primaria u obras sociales y militantes con experiencia en el acompañamiento de abortos, se apoyaron en la inédita valoración de sus saberes, ahora considerados como parte de un capital técnico valioso para la gestión universitaria, para empujar la conformación de dispositivos orientados a la salud sexual y (no) reproductiva en sus respectivas unidades académicas. Así surgieron en el año 2014 las dos primeras experiencias registradas: la Consejería en Derechos Sexuales y (no) Reproductivos de la FCS-UNC (que retomaba el trabajo realizado durante una experiencia anterior en la misma Universidad) y la Consejería integral en violencia de género y sexualidades de la UNSAM. Le siguieron, entre los años 2015 y 2022, otras diez. Esto sucedió, por orden de aparición, en la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Facultad de Psicología y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Nacional de Rosario (UNR), la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR), la UNMDP y, por último, en la Universidad Nacional de las Artes (UNA)(9).
Pocos recursos, buenas alianzas
Las consejerías fueron llevadas adelante por equipos marcadamente feminizados y sus propuestas convocaron mayoritariamente a mujeres cis y jóvenes. Quienes coordinaron e integraron los dispositivos relevados fueron en su totalidad mujeres cis, a excepción de un solo caso, el de la Universidad Nacional de Córdoba, en donde registramos la participación de un varón cis. Este carácter feminizado de las consejerías ha sido objeto de reflexión para las propias trabajadoras, quienes, más allá de identificar un punto de continuidad con el histórico involucramiento de las mujeres cis con la salud reproductiva y los derechos sexuales (Brown, 2014), se preguntaban por los posibles efectos que esto podía tener sobre su práctica. Siguiendo el testimonio de algunas entrevistadas, el hecho de que los equipos estuvieran conformados únicamente por mujeres cis constituía una debilidad: “si una quiere pensar en líneas de acción destinadas a ciertas poblaciones, necesariamente tienen que estar dentro» (entrevista personal, mayo de 2022). La feminización de las consejerías fue advertida, desde este ángulo, como un límite a la hora de desarrollar líneas de acción que contemplaran las necesidades, deseos y demandas de la comunidad LGBTIQA+(10) y también de las masculinidades. En sintonía con lo expuesto, los principales temas abordados desde los dispositivos fueron anticoncepción, interrupción de embarazos no intencionales y prevención de VIH (tal vez la única temática que, en los términos de una entrevistada, “habilitó la diversidad” al acercar particularmente a varones gays y personas trans) y otras ITS. En menor medida, algunas consejerías se abocaron también a difundir información sobre el derecho a la identidad de género y el acceso a tratamientos de hormonización para la modificación corporal, amparadas en la Ley N° 26743 de Identidad de Género.
En lo que respecta a la disponibilidad de recursos, la retribución económica para las trabajadoras fue mayormente exigua: muchas participaron de manera voluntaria (es decir, ad honorem) o bajo contratos de medio tiempo y pocas fueron contratadas para dedicarse a la consejería a tiempo completo. Asimismo, las consejerías universitarias funcionaron sin una asignación presupuestaria específica. Esta carencia no fue exclusiva de este tipo de dispositivos. Al año 2020 sólo la mitad de los espacios de género contaba con una partida específica dentro del presupuesto asignado a cada universidad y el 62,2% de las representantes de RUGE consideraba que los recursos eran insuficientes (Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra las violencias, 2020). Bajo estas condiciones, la articulación con dependencias estatales, organizaciones de la sociedad civil y otras instituciones públicas se impuso como una modalidad de trabajo de manera casi inevitable.
Desde las consejerías se establecieron contactos con equipos de salud del primer nivel de atención, profesionales de los servicios sociales de hospitales públicos, representantes de los programas de salud sexual y reproductiva locales, redes feministas y organizaciones de personas que viven con VIH, entre otras. El acercamiento fue sencillo, dada la preexistencia de una red de conexiones entre el Programa de Salud Sexual y Reproductiva (en su versión nacional, provincial y/o municipal), el sistema público de salud y las universidades. Tal como adelantamos, entre las personas que se congregaron para conformar los equipos de trabajo hubo feministas con experiencia en el acompañamiento de abortos o el dictado de talleres de ESI desde dispositivos comunitarios y profesionales que sostuvieron una doble pertenencia a la universidad y al sistema público de salud, o a la universidad y al Programa de Salud Sexual y Reproductiva local. La dupla a cargo de la consejería de la Universidad Nacional de La Rioja, por ejemplo, se conoció trabajando en el Programa de Salud Sexual y Reproductiva de la provincia. Algo similar ocurrió en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba: quienes pusieron en marcha el proyecto habían trabajado juntos “armando el Programa de Salud Sexual en DASPU, la obra social universitaria”. En la misma línea, la docente impulsora de la asesoría de la UNLP había formado parte del Programa de Salud Sexual en la Provincia de Buenos Aires y la de la consejería de la Facultad de Psicología de la UBA había ocupado la Dirección del Programa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Apoyadas en esta red y a través de acuerdos generalmente informales, las consejerías comenzaron poco a poco a abastecerse de insumos preventivos y para el cuidado de la salud sexual. La doble pertenencia de algunas integrantes de los equipos universitarios mencionada algunas líneas más arriba fue un gran facilitador. Existieron también intentos infructuosos de ser reconocidas como “efectores de salud” por el Ministerio de Salud de la Nación, condición que les hubiera permitido incorporarse formalmente a la red de distribución de insumos del Plan “Remediar”. Debido a que la misión principal del plan consistía en garantizar la cobertura de medicamentos esenciales a través de su distribución directa a los centros de salud (esto incluía, además de los insumos de salud sexual, analgésicos, antiácidos, antianémicos, antiasmáticos, antibióticos, anticonvulsivos, antiespasmódicos, antihistamínicos, antiinflamatorios, broncodilatadores, cardiovasculares, corticoides, hipoglucemiantes orales, productos oftalmológicos, sales de rehidratación oral y vitaminas), los requisitos exigidos por el Ministerio incluían la disponibilidad de equipos de refrigeración adecuados para almacenar medicamentos y la firma de un profesional médico responsable; dos puntos que ninguna consejería universitaria consiguió cumplir, a excepción de la de la UNLP, dependiente de la Secretaría de Políticas de Salud Estudiantil de la universidad.
Sin el marco legal necesario para formalizar el abastecimiento de las consejerías, la provisión de insumos a las universidades cobró, sin embargo, un nuevo impulso entre los años 2021 y 2024 a partir del trabajo de la Dirección de Respuesta Integral al VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis del Ministerio de Salud de la Nación. La Dirección se propuso implementar líneas de intervención específicas para la población joven, definida por el propio organismo como personas de entre 18 y 24 años. El fundamento que respaldó la iniciativa estuvo directamente vinculado a las estadísticas publicadas anualmente por el mismo Ministerio en el Boletín epidemiológico nacional. Desde el año 2015 se observa un aumento constante y acelerado de los casos de sífilis -interrumpido durante 2020 y 2021 en el contexto de la pandemia de COVID-19 y reanudado en 2022-, siendo el grupo etario de 20 a 24 años el que concentra la mayor cantidad de casos reportados. De acuerdo a los datos más recientes, en 2023 la tasa de sífilis aumentó un 22% en comparación con el año anterior, afectando principalmente a personas de entre 20 y 34 años (Ministerio de Salud de la Nación, 2024). El crecimiento registrado encendió las alarmas en el Ministerio, dado que la sífilis es la enfermedad de referencia para el seguimiento del comportamiento de las ITS en general en el país. La concentración de casos en los jóvenes adultos, por su parte, motivó el desarrollo de acciones preventivas y de educación sexual especialmente orientadas a esta población.
En este contexto, la Dirección de Respuesta Integral al VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis encontró en las universidades nacionales un actor clave con el que articular iniciativas tendientes a atender la situación descrita. Los esfuerzos estuvieron orientados, en primer lugar, a capacitar a los equipos de las consejerías ya existentes o en proceso de conformación. En el año 2020 la Dirección dictó los encuentros de formación “Conceptos generales VIH e ITS” y «Diagnóstico y Asesoramiento de VIH y Sífilis”, a los que se inscribieron un total de 60 personas provenientes de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQUI), la Universidad Nacional de Lanús (UNLa), la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ), la UNSAM, la UNLP, la UBA (Facultades de Psicología, Ciencias Sociales, Filosofía y Letras y Exactas), la UNMDP y la UNDAV. A esta convocatoria inicial le siguieron el taller virtual «Una mirada sobre la prevención combinada desde el enfoque de prácticas sexuales» organizado en 2021 y otras iniciativas pensadas por región, como la capacitación sobre el preservativo vaginal ofrecida en el año 2023 a representantes de RUGE del Consejo Regional de Planificación de la Educación Superior (CPRES) Metropolitano(11). Por otra parte, la Dirección colaboró en la generación de acuerdos de trabajo para facilitar la provisión de insumos (principalmente preservativos peneanos, geles lubricantes y folletería informativa), el armado de circuitos de atención y derivación a hospitales y centros de salud y brindó acompañamiento para la organización de actividades abiertas a la comunidad, tales como jornadas de testeo masivo de VIH y sífilis y vacunación.
El desarrollo de esta línea de trabajo se desplegó sobre el trasfondo de una disputa al interior del Ministerio de Salud. En numerosas conversaciones informales mantenidas con integrantes de la Dirección, fueron mencionados los desacuerdos que les enfrentaban con autoridades ministeriales de más alto rango, en especial alrededor de la política de descentralización del acceso a la salud. En palabras de una de las trabajadoras de la Dirección, en ocasiones se encontraban siendo “un par de cientistas sociales disputándole la línea a un Ministerio de infectólogos” (comunicación personal, agosto de 2023). Lo publicado en los distintos boletines epidemiológicos permite rastrear algunos puntos principales de esta discusión. En ellos se puede leer, por ejemplo, que desde la Dirección de Respuesta Integral al VIH y otras ITS se impulsa la instalación de puestos de retiro de preservativos peneanos y geles lubricantes “en espacios dentro y fuera del sistema de salud, para ampliar el acceso a distintas poblaciones en diferentes lugares y con mayor amplitud horaria” (Ministerio de Salud, 2024). En otro pasaje, dentro de un apartado dedicado al trabajo de articulación con universidades nacionales, se destaca que, de acuerdo con los datos publicados por el Ministerio de Educación de la Nación en 2021, “durante ese año hubo 710.699 nuevas personas inscritas – lo que representa un 13,5% de la población de 18 a 24 años del país- de las cuales 30,5% tenían entre 18 y 20 años y que “el 81% del estudiantado universitario total del país concurre a instituciones de gestión estatal” (Ministerio de Salud, 2024). Lo citado es una muestra de la insistencia con la que la Dirección recupera datos estadísticos y argumentos con el propósito de avalar las acciones impulsadas fuera del ámbito formal de la salud. El empeño puesto en justificarlas parece responder a un cuestionamiento implícito: ¿por qué el Ministerio debería destinar parte de sus recursos a espacios externos al sistema de salud? ¿Bajo qué criterios los universitarios podrían ser considerados beneficiarios de las políticas a cargo del organismo? La clasificación de grupos y el establecimiento de principios de justicia y merecimiento para la asignación de recursos fueron (y siguen siendo) materia de debate, no sólo en el Ministerio de Salud de la Nación, sino en toda la administración pública.
A modo de cierre
Las consejerías analizadas fueron espacios extraños para el Ministerio de Salud de la Nación y también para las propias instituciones universitarias; demasiado externas al ámbito de la salud para unos y, paradójicamente, excesivamente parecidas a un “dispensario” para otros.
Su proximidad con el sistema formal de salud colaboró en la consolidación de una labor fuertemente orientada a las aristas riesgosas o no deseadas de la sexualidad. El énfasis puesto sobre lo que en términos de Gayle Rubin (1982) podríamos definir como negatividad sexual, implicó la circulación de objetos preventivos y de cuidado de la salud (preservativos, test de embarazo, anticoncepción de emergencia y pruebas diagnósticas de VIH) y la completa ausencia de otros, asociados a la fantasía y la diversión sexual. Este involuntario refuerzo de la medicalización de la sexualidad y sus posibles derivas prescriptivas señala la vigencia de una virtual separación entre los contenidos confiados a la sexología o a la terapia sexual -históricamente más vinculados al disfrute del cuerpo y la sexualidad- y aquellos asignados a la educación sexual -con mayor peso en la prevención de excesos y peligros- (Felitti, 2009).
Por otra parte, el victimismo estratégico, en tanto lugar de enunciación privilegiado para exigir reconocimiento y atención pública (Méndez Cota, 2023), fue exitosamente explotado en favor de la aprobación de los proyectos de creación de las consejerías. No obstante, su efectividad como fuente de legitimación también operó en detrimento de la posibilidad de brindar orientación sobre cómo dar y recibir placer. Adicionalmente, la impronta mujerista de las consejerías colaboró, aunque no fuera más que como un efecto no buscado, en la cristalización de una asociación entre las políticas de género y el abordaje de las violencias ejercidas principalmente contra mujeres cis, ya inaugurada en el escenario universitario por los protocolos.
Sin embargo, al configurarse como una propuesta especialmente dirigida a los sujetos universitarios -una mirada hacia el interior de las instituciones que se construyó en espejo con los protocolos- las consejerías señalaron algo básico, pero muy caro a la tradición racionalista, imperante en las universidades, que insiste en la división cuerpo/ mente: los sujetos universitarios son, también, sujetos sexuados. Su funcionamiento en un ámbito externo al sistema formal de salud y la presencia mayoritaria de cientistas sociales y feministas en la conformación de los equipos, se probó, además, como una alternativa para descentralizar la atención de la salud sexual, en especial en lo atinente a asuntos que no requieren hospitalización ni intervenciones complejas, acercando información e insumos a un espacio de circulación cotidiano para la población.
Por último, el voluntarismo que las protagonistas arrastraron de su pasado en el margen de las instituciones funcionó, con viento a favor, para sostener los dispositivos, aunque fuera de manera precaria. Sin asignación presupuestaria específica para su ejecución, las consejerías universitarias fueron condicionadas, empero, por el enfoque teórico y los lineamientos políticos de otras dependencias y organismos. Esta debilidad estructural las expuso a un margen de decisión acotado, especialmente notorio en contextos adversos para las políticas sexuales y de género como el actual.
Las reflexiones vertidas en este artículo forman parte de un trabajo de indagación más amplio realizado por la autora en la elaboración de su tesis doctoral, financiada por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) bajo la dirección de la Dra. Carolina Spataro y la codirección del Dr. Rafael Blanco.
Moreno, M. (2023). Pero aún así. Elogios y despedidas. Random House.
Desde la llegada de Javier Milei a la presidencia de la nación en diciembre de 2023, los cuestionamientos a las políticas sexuales y de género que habían formado parte de su campaña electoral se efectivizaron en decisiones de gobierno. A modo ilustrativo, en el mes de junio de 2024 se anunció el cierre definitivo del ex Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades, dejando por primera vez en 40 años de democracia a las políticas de género sin área institucional específica dentro del organigrama del estado nacional.
De acuerdo con el informe publicado en noviembre de 2024 por Chequeado -una organización no gubernamental, sin fines de lucro que desde el año 2010 promueve el acceso a la información pública y la apertura de datos-, la distribución de insumos de salud sexual (preservativos, anticonceptivos y medicamentos para IVE ILE) por parte del Gobierno Nacional cayó un 64% entre el tercer trimestre de 2023 y el mismo período de 2024. Durante el primer semestre de 2024 las provincias aún contaban con insumos distribuidos por el Ministerio de Salud de la Nación a fines de 2023, por lo que el faltante comenzó a ser notorio a partir del segundo semestre del año. La situación descrita impactó de manera directa en la política de distribución de insumos de salud sexual que venían llevando adelante las consejerías universitarias de las que aquí nos ocupamos y su proyección a futuro es incierto. El informe completo elaborado por Chequeado se encuentra disponible en: https://chequeado.com/el-explicador/salud-sexual-y-reproductiva-cayo-un-64-la-distribucion-de-preservativos-y-anticonceptivos-durante-el-gobierno-de-javier-milei/ Otro análisis detallado sobre la implementación de las políticas de salud sexual y reproductiva entre enero y octubre de 2024 puede consultarse en Centro de Estudios de Estado y Sociedad (2024). Insistir y persistir: el panorama del aborto en Argentina. Reporte diciembre 2024. Disponible en https://repositorio.cedes.org/handle/123456789/4791
- Los datos disponibles evidencian que al año 2020 el 75% de las universidades contaban con espacios institucionales dedicados a la gestión de políticas de género (RUGE, 2020). Rango institucional de los espacios: 56% jerarquía media (dirección, programa, coordinación), 37% jerarquía baja (observatorios, comisiones, comités y mesas de trabajo) y un incipiente 7% jerarquía alta (secretarías y subsecretarías).
La utilización del femenino es intencional: la abrumadora mayoría de los equipos estuvieron conformados por mujeres cis.
El texto completo del proyecto aprobado se puede consultar en http://digesto.mdp.edu.ar/vista/ver_norma.php?id_norma=52792#:~:text=MAR%20DEL%20PLATA%2C%204%20de%20noviembre%20de,y%20Salud%20Sexual%20en%20la%20Universidad%20Nacional
Un análisis detallado sobre los modelos de acompañamiento y consejerías en aborto de organizaciones feministas de Argentina se puede consultar en Szwarc, L., y Vázquez, S. S. F. (2018). Aborto medicamentoso. Transferencias militantes y transnacionalización de saberes en Argentina y América Latina. RevIISE, Artículos Dossier, 12(3), 163–177
Un análisis detallado sobre su surgimiento y multiplicación se puede consultar en Imperatore, V. (2024). Gestión y militancia feminista en las universidades nacionales de Argentina: el caso de las consejerías de salud sexual (2008-2022). Revista Latinoamericana de Antropología del Trabajo, 17. Disponible en: https://ojs.ceil-conicet.gov.ar/index.php/lat/article/view/1155/1415
- La sigla responde a: Lesbiana, Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual, Travesti, Intersexual, Queer, Asexual y “+” para incluir a todos los colectivos que no están representados en las categorías anteriores
- El CPRES Metropolitano comprende a la Ciudad de Buenos Aires y los siguientes partidos de la Provincia de Buenos Aires: Avellaneda, Lomas de Zamora, Lanús, La Matanza, Berazategui, Florencio Varela, Quilmes, Almirante Brown, Esteban Echeverría, Ezeiza, Presidente Perón, San Vicente, San Fernando, San Isidro, Tigre, Vicente López, Hurlingham, General San Martín, Tres de Febrero, Ituzaingó, Merlo, Morón, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, San Miguel, General Las Heras, General Rodríguez, Luján, Marcos Paz, Mercedes, Navarro, San Andrés de Giles, Suipacha, Cañuelas, Campana, Exaltación de la Cruz, Escobar, Pilar, Zárate. El listado completo de instituciones integrantes del CPRES Metropolitano se puede consultar en: https://www.argentina.gob.ar/educacion/universidades/cpres-metro
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María Victoria Imperatore
Becaria doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) con sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani (IIGG). Licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Diplomada en Género y Salud en un mundo global por la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Integrante de la Consejería de Salud Sexual Integral de FSOC-UBA.
Javier Lamónica 
DECEDUCANDO