Nancy Godoy recorría dos o tres horas a caballo, por caminos que las tormentas volvían intransitables, para llegar a una escuela rural de ocho alumnos en el paraje El Malezal. Antes de desaparecer, había dejado por escrito que ese establecimiento estaba abandonado: baños obstruidos, muebles rotos, libros mojados. Esta semana su cuerpo apareció en un bañado del sur correntino y la docencia argentina paró para despedirla. La discusión educativa de estos días empezó, entonces, por donde casi nunca empieza: por las condiciones materiales en que se enseña en los márgenes del país.
El femicidio de una maestra rural expuso el abandono con el que el Estado sostiene las escuelas de los márgenes
Nancy Estela Godoy, de 52 años, docente suplente y directora interina de la Escuela N° 626 del paraje El Malezal, en el sur de Corrientes, tuvo su último contacto con la familia el 7 de octubre. Debía regresar el día 9 y no volvió; su hijo denunció la desaparición el 15. Tras casi tres semanas de búsqueda entrecortada por la crecida de los caminos y la falta de señal, su cuerpo fue hallado el miércoles 28 en una zona de bañados, a varios kilómetros de la escuela. La fiscalía investiga el hecho como femicidio —no descarta una agresión sexual previa— y hay cinco personas detenidas, dos de ellas imputadas como presuntos autores materiales.
El jueves 29, CTERA convocó una jornada nacional de duelo y protesta, con paro, concentraciones y actos en todo el país. El reclamo no se limitó al esclarecimiento del crimen. El gremio exigió que los gobiernos provincial y nacional asuman su responsabilidad por las condiciones de aislamiento y desprotección en que trabajaba Godoy, y es ahí donde el caso deja de ser policial para volverse, de lleno, educativo. Una directora interina que viaja a caballo durante horas, sin comunicación confiable, hacia una escuela que ella misma había denunciado como ruinosa, no es una anomalía individual: es el retrato de una porción del sistema que funciona porque alguien pone el cuerpo donde el Estado no llega. Godoy, además, había denunciado al director titular por ausentismo y a la supervisión escolar; había señalado el abandono desde adentro mucho antes de que ese abandono tuviera su desenlace más extremo.
Que la noticia educativa de la semana haya nacido en la sección de policiales dice algo sobre dónde se juega hoy el derecho a la educación: no solo en el presupuesto o en la pantalla, sino en si una maestra puede llegar viva a su escuela y volver de ella.
Y sin embargo, en paralelo, la política educativa siguió ocupada en sus propias cuentas.
Mientras tanto, el Presupuesto 2027 perdió su primer plazo y la universidad entró en su paro más largo del año
El miércoles 28 debía firmarse el dictamen del Presupuesto 2027 en Diputados y no ocurrió: la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda se suspendió porque el oficialismo no logró acordar con el PRO, la UCR y los bloques provinciales, que condicionan su apoyo —entre otros puntos— a reforzar los fondos universitarios. Fue el primer incumplimiento del cronograma, que preveía dictaminar ese día y votar en el recinto el 18 de noviembre; ahora el dictamen se corrió a la semana del 11 al 17. Ese mismo miércoles, la CONADU Histórica inició un paro nacional de una semana —hasta el 3 de noviembre, el más prolongado del año— por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario 27.795 y el pago de la deuda salarial. Dos conflictos distintos con una misma raíz: un sistema que discute cuánto puede pagar mientras la deuda, material y simbólica, se acumula.
Incluso la agenda más luminosa de estos días, la de la innovación, descansa sobre el mismo supuesto frágil.
Las provincias siguen apostando a formar docentes en inteligencia artificial, sobre un cuerpo docente que no terminan de sostener
Esta semana el Ministerio de Educación de Córdoba difundió el balance de su trayecto “Abordaje de IA en el aula”, que alcanzó a más de 6.500 docentes y directivos con un criterio sensato: enseñar a dudar, a validar información y a detectar los sesgos de la inteligencia artificial generativa. Córdoba se suma a San Luis, Tucumán, La Rioja y Misiones en un federalismo de la capacitación que avanza con relativa independencia del Congreso. La apuesta es valiosa, pero reposa sobre una paradoja que esta semana se volvió difícil de sostener: el sistema le confía al docente su futuro tecnológico mientras discute su salario y, en Corrientes, ni siquiera le garantizó llegar a salvo a trabajar.
Lectura de conjunto
La semana obliga a leer juntas tres escenas que la agenda suele mantener separadas: un presupuesto que no consigue dictamen, una universidad que inicia su paro más largo del año y una provincia que capacita a sus docentes en inteligencia artificial. El caso de Nancy Godoy las atraviesa, porque le pone nombre a lo que esas discusiones tratan en abstracto —las condiciones materiales en que se enseña—. El Estado que no cierra sus números, que adeuda salarios universitarios y que le confía al docente la frontera tecnológica es el mismo que no le garantizó a una directora interina un camino seguro hacia una escuela de ocho alumnos. En noviembre volverán el dictamen del Presupuesto y la definición del paro universitario: otra vez cifras y fechas. La prioridad educativa, sin embargo, no se mide en esos anuncios, sino en lo que el sistema sostiene cuando el conflicto se apaga y la escuela queda sola.