Lo que el Estado garantiza y aquello de lo que se corre
El regreso a las aulas tras el receso invernal no trajo una noticia sino una pregunta, y la pregunta ordenó la semana entera. En los distintos frentes que se abrieron —el salarial docente, el universitario, el de la tierra— se discutió, en el fondo, lo mismo: qué está obligado a garantizar el Estado, de qué puede desentenderse, y qué puede entregar. La respuesta que el Gobierno nacional viene ensayando es coherente en las tres direcciones, y por eso conviene leerlas juntas y no por separado.
La «esencialidad» estrenada contra el paro docente
El lunes 3 de agosto, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) paró en todo el país en la primera jornada del segundo cuatrimestre, bajo la consigna «Basta de ajuste a la educación». El reclamo central es la negativa del Gobierno a convocar la Paritaria Nacional Docente, el ámbito donde se discute el salario mínimo del sector, hoy estancado en 500.000 pesos desde hace un año. A eso se suman la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) —un componente salarial que la Nación eliminó en 2024 y que representaba entre el 10% y el 15% del sueldo—, el reclamo de una nueva ley de financiamiento educativo y el rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa. La CONADU, la CONADU Histórica y ATE se sumaron a la movilización.
Lo que distingue a este paro de los anteriores no es el reclamo, sino la respuesta oficial. Por primera vez, el Gobierno invocó contra una medida de fuerza educativa la Ley 27.802 de Modernización Laboral, que declara la educación «servicio esencial» y obliga, durante una huelga, a garantizar el 75% de la prestación habitual. El Ministerio de Capital Humano anunció inspecciones muestrales en las escuelas y amenazó con sanciones a los gremios que no cumplieran ese piso. La medida tiene, sin embargo, un flanco que el propio Gobierno prefirió no mencionar: la declaración de esencialidad de la educación había sido suspendida en primera instancia por el Juzgado Nacional del Trabajo N.º 74, y solo sigue vigente porque el Ejecutivo apeló esa suspensión mientras se resuelve el fondo. Es decir, el Gobierno exige el cumplimiento de una norma cuya legalidad todavía se discute en los tribunales.
El efecto de esa amenaza se vio en la propia respuesta sindical, que no fue homogénea. La corriente docente de la CGT que encabeza Sergio Romero (UDA) optó por un plan de lucha sin paro —clases informativas, volanteadas, movilización—, evaluando que el nuevo marco legal expone a sanciones a quien adhiera a una huelga total. CTERA paró igual. La grieta no es anecdótica: muestra que la herramienta de la esencialidad ya está produciendo su efecto buscado, que es dividir y encarecer el derecho de huelga antes incluso de aplicarse una sola sanción. Conviene nombrarlo con precisión: no se trata de un Estado que arbitra entre partes, sino de un Estado que, en lugar de convocar la paritaria que la ley prevé, interviene para limitar la protesta contra su propia inacción.
La prueba de agosto que el Gobierno no pasó
En el frente universitario, la semana confirmó lo que este Monitor anticipó antes del receso. El salario que se cobra en agosto debía incorporar, según el fallo de la Corte Suprema que dejó firme la cautelar, la totalidad de la recomposición que ordena la Ley de Financiamiento Universitario. No lo hizo. Frente al incumplimiento, los gremios de la Universidad de Buenos Aires convocaron un paro para el 12 de agosto, que podría extenderse a todo el país. El Gobierno sostiene que el acuerdo salarial de junio «está caído» y que la medida es «prematura», mientras el frente universitario calcula que cumplir la cautelar —que ordena actualizar los salarios de manera retroactiva a noviembre de 2023 según el índice de precios— exige una recomposición del orden del 29,5%. La distancia entre lo que la ley reconoce, cercano al 51%, y lo que el nuevo proyecto oficial ofrece, un 12,3% en tres cuotas, es la medida exacta del conflicto. No es una pulseada entre iguales: es una ley sancionada, ratificada frente a un veto, respaldada por la Justicia y aún incumplida.
La tierra también es materia de aula
El jueves 6, tras una masiva movilización al Congreso bajo la consigna «Argentina no se vende», el oficialismo debió retirar del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el capítulo que elevaba del 15% al 25% el límite de tierras rurales que pueden quedar en manos extranjeras, modificando el régimen que protege el dominio nacional sobre el suelo, el agua y los recursos estratégicos. ¿Qué hace esta noticia en un monitor educativo? Todo, si se la lee con atención. La lógica que atraviesa ese proyecto es la misma que anima la Ley de Libertad Educativa: la del Estado subsidiario, que deja de garantizar como bien común lo que puede tratarse como mercancía. La tierra que se vende y la educación que se vuelve «servicio» sujeto a la elección de las familias responden al mismo principio. Y hay algo más: la soberanía sobre el territorio, el cuidado del agua, la ciudadanía, son contenidos que las escuelas enseñan todos los días. Lo que se debatió en el Senado es, literalmente, materia de aula.
Lectura de conjunto
Tres frentes, una misma gramática. El Estado interviene para limitar un derecho cuando se trata de la huelga docente; se desentiende de una obligación cuando la Justicia le ordena financiar las universidades; e intenta ceder soberanía cuando se trata de la tierra y el agua. En los tres casos, la pregunta de fondo es la misma que la Ley de Libertad Educativa plantea para la escuela: qué queda garantizado, y para quién, cuando el Estado se corre del centro. Pero la semana dejó también su contracara. El capítulo de tierras se cayó por la movilización, como el fallo de la Corte llegó por años de lucha universitaria. La conclusión que sacan los gremios —»luchar sirve»— no es una consigna: es una lectura política de los hechos. El segundo cuatrimestre empieza con el conflicto abierto en todos los niveles y con una certeza que el receso no interrumpió: lo que el Estado no garantiza por convicción, la organización colectiva se lo sigue reclamando por derecho.